Control político, ¡bien por el Concejo!

El Concejo de Cartagena ha mejorado sustancialmente en control político. Y para muestra unos botones: Recientemente, unos concejales descubrieron que el director del Instituto de Deporte y Recreación estuvo a punto de suscribir un contrato de asesoría con una persona inhabilitada. En efecto, la Ley 80 de 1993 determina que los miembros de una junta directiva no pueden contratar con la misma dependencia dentro del año siguiente a su retiro, y el malogrado contratista lo había sido, poco antes, de la junta del IDER. Pero esos mismos concejales no se dieron cuenta –unos meses antes- de que el director anterior del IDER había suscrito millonarios contratos con el doctor Felipe Merlano, no obstante que la misma Ley determina que ningún ex funcionario oficial del nivel ejecutivo o directivo puede contratar con la misma dependencia o entidad territorial dentro del año siguiente a su retiro. Merlano, como todos saben, había sido pocos meses antes Secretario de Hacienda y Alcalde encargado. Sin duda, un gran avance que en el Concejo se alce la voz porque estuvo a punto de legalizarse un contrato por $2 millones y pico por mes con alguien inhabilitado, ya que meses antes se habían firmado varios contratos con otra persona igualmente inhabilitada, por una suma cercana a los $1.500 millones, y nadie dijo nada. Y eso que estos recursos sí fueron ejecutados, es decir, que estos dineros sí se gastaron en su totalidad, y a la fecha no se conocen los soportes de los últimos informes de interventoría. Y otra prueba de que el ejercicio del control político está progresando cada vez más, lo cual es bueno para la democracia local, es que hoy exista inquietud en el Concejo porque una firma legalmente constituida y, sobre todo, de experiencia demostrada, haya suscrito varios contratos con la Administración actual, lo que hace presumir un inadmisible favorecimiento, pero no se haya dicho nada cuando, en el gobierno anterior, dos personas naturales, sin experiencia en los disímiles objetos convenidos, fueran contratadas en decenas de ocasiones para arrendar vehículos automotores (una fue por $7 millones ¡únicamente por 10 días!); elaborar mensajes educativos; diseñar e imprimir afiches; limpiar caños y canales; formular mensajes en jornadas académicas; capacitar en técnicas de autoempleo; dotar con muebles de oficinas; elaborar mensajes de prevención en salud; crear organizaciones comunitarias; suministrar papelería, tinta para impresoras y equipos de computación; diseñar materiales para artes y oficios varios; refaccionar oficinas; preparar y entregar anchetas navideñas, entre otras tantas y variopintas actividades. Al tiempo de contribuir para que exista la mayor transparencia posible en las acciones gubernamentales, el acucioso control político que desde el año pasado ha comenzado a ejercerse en el Concejo de Cartagena, ¡en buena hora!, debería servir también para que los órganos de control se pellizquen y, sobre todo, comiencen a mostrar resultados. Y es que todos estos casos, descubiertos por organizaciones cívicas, divulgados por unos medios de comunicación pero omitidos por otros sectores, entre ellos el Concejo, aún están siendo investigados por los entes de control. cardilared@hotmail.com