Corrupción

Los medios de comunicación han hecho eco a la alarma disparada desde Transparencia Internacional. Según esta organización, en Colombia hemos descendido cinco puntos desde el poco honroso lugar número 70 que ocupábamos entre 180 países del mundo en materia de corrupción. En consecuencia, merecimos una calificación de 3,7 puntos sobre 10. En los últimos 7 años, y pese a la “lucha contra la corrupción”, y a la “meritocracia”, que se anunciaron en 2002 como banderas del presente Gobierno, Colombia no se había movido del lugar número 70. De repente, ¡plaff!, a pocos días de haberse anunciado por boca del Presidente de la República la creación de un cuerpo especial de policía anticorrupción, se produjo el bajonazo mencionado. Organismos de vigilancia e investigación como la Contraloría y la Fiscalía salieron a reconocer la gravedad de la alarma. No sólo no se ha progresado reduciendo los índices de hechos que tipifican la corrupción, sino que éstos se han incrementado durante los 7 años de mandato del “mejor Presidente que ha tenido Colombia en los últimos tiempos”, según reza el estribillo de la ranchera uribista. Ninguna de las áreas de la administración pública -dijeron el Contralor general y Fiscal general- se salva de la corrupción. Y es importante que lo digan las cabezas de entes donde, con frecuencia, se cierran y precluyen investigaciones a funcionarios acusados de corrupción. Aceptar que este asunto no salva a ninguna institución de la administración pública, significa reconocer que en estos organismos se cierra el ciclo de la impunidad. Voluntarioso como un boy scout, el vicepresidente Francisco Santos replicó a los dos funcionarios. Afirmó estar “totalmente en contra de decir que la corrupción ha desbordado las instituciones”. Para defender su afirmación, dijo que “no hay un solo país que haya sancionado más alcaldes y gobernadores.” ¡Fantástico! Si es así, entonces la corrupción es mayor de lo que registra Transparencia Internacional. Consuela saber que se “sanciona”; alarma reconocer que no sirve de nada. Uno de los focos de corrupción se da precisamente entre los ex funcionarios sancionados que delegan en familiares, calanchines y amigos la titularidad de sus negocios y la representación en cargos de elección popular. No se jubilan, siguen ejerciendo en cuerpo ajeno. La maquinaria corruptora que empieza en el Estado y se extiende hacia los negocios privados, sigue echando humo entre concejales, diputados y congresistas. Allí se produce el amancebamiento de los particulares con la administración pública. En la medida en que la alta política mete las manos en organismos de control e investigación, ajusta las tuercas de la impunidad casi perfecta. Nada más fantasioso que la réplica de Santos, de quien depende la oficina del “Zar Anti-corrupción”, un funcionario que cabalga como cosaco por las estepas de corrupción e impunidad sin poder hacer nada para remediarlo. Estamos hablando, además, de un funcionario que nunca mienta la soga en la casa del ahorcado, es decir, en el Gobierno. *Escritor salypicante@gmail.com