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Crónica de una emergencia anunciada

No es época para escribir de los problemas del servicio de salud para millones de colombianos, sino que las columnas de opinión deberían estar dedicadas a los propósitos de año nuevo, que casi nunca se cumplen. Pero la improvisación del Gobierno lo llevó a decretar una Emergencia Social la víspera de Navidad, disque para resolver problemas del sector salud.

La salud de los colombianos está en cuidados intensivos y el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) necesita una reestructuración. No son enfermedades nuevas, sino de síntomas diagnosticados hace años, y de remedios que han debido adoptarse mediante leyes discutidas en el Congreso en lugar de esperar a que el SGSSS esté casi colapsado.
Colombia dedica recursos enormes a la salud: casi 40 billones de pesos, cerca del 8% del PIB, mucho más de lo que gastan otros países de similar desarrollo. Pero nadie está contento con el sistema de salud.
Los pacientes se quejan por las demoras en la atención y por tener que entutelar a las EPS para que autoricen los tratamientos necesitados. Las IPS (hospitales y clínicas) se quejan porque el Estado y las EPS privadas se demoran en cancelar las cuentas, y muchas están al borde de la quiebra.
Las EPS, por su parte, se quejan de que las cuotas de afiliación que reciben no cubren los gastos médicos de los pacientes, además de que cada vez tiene que cubrir más tratamientos no incluidos en el POS, que en teoría son cubiertos por el FOSYGA, pero con meses de retraso, lo que también las pone en dificultades financieras. Y el Gobierno también se queja porque el número de afiliados al régimen subsidiado es el triple del previsto, por lo cual los recursos asignados a la salud son insuficientes. En una palabra, el SGSSS no funciona.
Ante la crisis evidente, es lógico que el Gobierno tome medidas para tratar de solucionarla. Lo que es cuestionable desde todo punto de vista es el cuándo y el cómo de las medidas adoptadas.
Es inexplicable que el Gobierno se demorara años en empezar a adoptar soluciones para la salud. Las asociaciones de clínicas y hospitales llevan años pidiéndolas; el gremio de las EPS ha insistido muchas veces en la reforma del sistema; universidades y centros de investigación han hecho multitud de diagnósticos y recomendaciones. Y como fuera poco, en julio del 2008 la Corto Constitucional -a través de la sentencia T-760- ordenó la reorganización del SGSSS, incluyendo la revisión del POS, la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado, y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y financiamiento de las EPS.
Con todos estos antecedentes es imposible demostrar la aparición de “hechos sobrevinientes”, que son los que justifican la declaratoria de emergencias sociales de acuerdo al artículo 215 de la Constitución. Si la Corte Constitucional mantiene su doctrina y su independencia frente al ejecutivo tendrá que tumbar esta Emergencia como lo hizo con intentos similares de gobiernos anteriores.
*****
COLETILLA: Qué diferencia entre la reforma de salud del presidente Obama, discutida durante todo un año en el Congreso y aprobada el mismo día de Navidad, y estos decretos de excepción de Uribe, dictados cuando el Congreso ni la Corte están abiertos. Otra muestra del talante autoritario y antidemocrático de este Gobierno.

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