Tras la inédita aunque no sorpresiva decisión de unos concejales de negarle facultades al Ejecutivo para incorporar recursos al presupuesto cuando fuere necesario, lo cual "podría tener consecuencias graves en la ejecución del Plan de Desarrollo de la Alcaldesa, e impedir la ejecución de proyectos para mejorar la calidad de vida de los cartageneros", de acuerdo con El Universal de hace unos días, algunos analistas creen que, en general, el control político radical que algunos ejercen es consecuencia del modelo impuesto por la alcaldesa Pinedo, que obliga a que el Concejo y el Ejecutivo, aunque sus misiones institucionales sean similares y complementarias, desarrollen sus roles de manera independiente y, sobre todo, sin los acuerdos por debajo de la mesa que fueron lugar común durante gobiernos anteriores. Según conocidos politólogos, es lo mismo que ocurre con un sector del periodismo, que pasó de un modelo en el cual los funcionarios podían otorgarles, a dedo y sin ningún tipo de control, sumas fuertes por pautas publicitarias e incluso otros servicios que en ocasiones no realizaban, a otro en el cual su concesión fue regulada por criterios de objetividad, equidad y transparencia, que depende de un comité que evalúa la calidad, duración, horario y nivel de audiencia y no la capacidad de intriga, chantaje o zalamería del respectivo periodista. E igual a lo que sucede con un grupo de mal llamados líderes cívicos, quienes se acostumbraron también a criticar y calumniar a cualquiera que se mueva a su alrededor hasta cuando éste les “tape la boca” con cualquier contrato, dinero en efectivo y hasta participación accionaria –mediante testaferros- en concesiones de servicios o interventorías. No obstante, aunque se critique el giro de 180 grados que estos personajes han dado por la fuerza de las circunstancias políticas y administrativas que vive el Distrito, lo cierto es que su actitud en materia de control político o social es mucho menos dañina, aún con los excesos en que algunos incurren en medio de sus entendibles angustias, que la ceguera, el mutismo y hasta la complicidad que signó la actuación de muchos de ellos durante gobiernos pasados. Podríamos preguntarnos qué pudo haber ocurrido si con ese mismo celo con que algunos ejercen control político o social hubiesen actuado cuando se cambió el uso del suelo de la Isla de Elba, Chambacú, para posibilitar la venta de un lote del Distrito; cuando se autorizó la privatización del servicio de aseo y su posterior adjudicación a los consorcios LIME y Ciudad Limpia; cuando se derogó el Acuerdo 57 de 1991 que establecía que la Sociedad Portuaria Regional sería de carácter oficial o mixto, facilitando la creación de una entidad de carácter privado; o cuando se facultó al alcalde para enajenar bienes del Distrito y, días después, ¡oh casualidad!, el inmueble donde funcionaba el antiguo almacén SEARS fue vendido por un precio irrisorio. Lo cuestionable, entonces, no es que haya excesos en los controles de hoy. Lo malo es que muchos de estos personajes hayan sido ayer, como en la canción de Shakira, ciegos, sordos y mudos, y no se preguntaran, como sí se hizo en otra canción de la cantante, “¿dónde están los ladrones?” cardilared@hotmail.com *Rotaremos este espacio entre distintos columnistas para dar cabida a una mayor variedad de opiniones.
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