De injusticias varias

A Gabriel Arango Bacci lo conozco desde cuando era cadete, muy joven, caminando por las playas de Cartagena, sintiéndose un gran conquistador de chicas que venían a pasar sus vacaciones a Cartagena, y en varias ocasiones compartimos novias de aquellos tiempos inolvidables. Teníamos fama de tumbalocas, mantuvimos una amistad y admiración mutuas que hasta hoy perdura. Desde aquellos tiempos de playa y hasta la fecha, siempre estaba y sigo estando seguro de que se trata de un ser humano inteligente, transparente y muy riguroso en el ejercicio de su trabajo en cualquier actividad que estuviere desarrollando. Por eso, cuando el presidente Uribe lo designó como director de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en Cartagena en el año 2006, me sentí muy contento y seguro que una persona como él, que ya era contraalmirante de la Armada Nacional, iba a organizar ese magno evento de una manera ejemplar y transparente, como en efecto fue. Cuando lo acusaron hace más de dos años de haberse enredado en asuntos de narcotráfico, recibir una prebenda de 115 mil dólares, estampando su huella en señal de recibo, y de haber facilitado un movimiento de una fragata para favorecer el movimiento de otra nave cargada de cocaína, nunca creí que eso pudiere ser verdad. En efecto, la justicia se demora a veces, pero llega, como le ha llegado a él con los pronunciamientos hechos por la Fiscalía delegada ante la Corte y por la Procuraduría General de la Nación, que pidieron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la absolución del contraalmirante, por considerar que las pruebas son amañadas e infundadas, lo cual da bases para concederle credibilidad a Arango Bacci de que todo ha sido un montaje para dañarle su prestigio y con el interés de que no escalara al almirantazgo, el cual – en su momento – era inminente. El daño a su carrera, a la honra y a su familia están hechos, aun cuando esos dos conceptos y solicitudes de absolución sean asumidos por la Corte Suprema de Justicia y lo declaren absolutamente inocente de todos los cargos que se le imputan. Hay que confiar que la honorable Corte en su sabiduría, para la fecha de publicación de este artículo, ya haya emitido su fallo absolutorio y tratar de remediar el daño que se le ha hecho a una persona que ha sido honesta en todas las actuaciones de su vida y reintegrarlo a su cargo de contraalmirante para subsanarle los perjuicios que le han ocasionado. Otra situación que parece de Ripley, es que la Corte, a pesar de haber recibido varias listas con los candidatos escogidos por el señor presidente de la República para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación, han sido ignoradas y se ha negado sistemáticamente a efectuar la escogencia con el argumento de que el nuevo fiscal debe ser penalista, cuando todos sabemos que ese no es requisito legal para su escogencia. Esperemos que la Corte actúe en consecuencia sobre los dos asuntos aquí tratados. *Abogado y escritor rivelpa@yahoo.com