La delincuencia juvenil y su relación con el aumento de la violencia en este país, es la falta de una política seria incluyente de los gobiernos locales, departamentales y nacionales, en la que los jóvenes sientan que son tenidos en cuenta por la sociedad, que se les ofrece educación media y superior, salud integral, respeto, un empleo digno, estímulos para su talento y oportunidades para realizar sus sueños. De prevenir el delito cometidos por jóvenes no se comprometen nadie; de castigarlo, hablan todos los estamentos. Se llenan los titulares de los principales medios de comunicación, “cero tolerancia con el delito de menores de edad” y uno soñaría que hicieran causa común para cumplir con el mandado Constitucional de los Art 44 y 45, seguridad social, alimentación equilibrada, empleo, educación, prevención, serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos; El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Las autoridades se reúnen para hablar de cárceles y aumentar las penas. Les parece más efectivo reprimir, perseguir, hacer redadas, encarcelar, dar de baja, porque todo eso puede hacerse en seguida, en tanto que la prevención, la recuperación y la reeducación requieren esfuerzo económicos y una conciencia profunda de la dignidad de los seres humanos, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Pero basta comparar el presupuesto del MinDefensa con el presupuesto del MinEducación, Salud y Vivienda, para nuestros gobiernos, el poder de las armas es más importante que los preceptos Constitucionales que establecen la obligación de educar al niño para no tener que castigar al hombre. Lo establecido por nuestra Constitución no dejará de ser un canto a la bandera, si no hay un Estado garantizando educación y oportunidades de empleo digno, pues simplemente los jóvenes seguirán aceptando el ofrecimiento de grupos armados, sean guerrilla, paras, bandas de narcotraficantes y demás. Las políticas de empleo y de mercado de trabajo, en consecuencia, no pueden estar ausentes de las estrategias de superación de la delincuencia juvenil y la violencia, incluyendo las políticas activas para generar empleo y a brindar apoyo en materia de formación y colocaciones, de modo que el empleo sea una alternativa de mejoramiento de los ingresos y las condiciones de vida de amplios sectores sociales que se encuentra en condiciones de pobreza e indigencia, la Alcaldesa, el Gobernador, el Ministro de Minas y el Presidente del Congreso que son cartageneros, los diputados, concejales, gremios económicos tienen la oportunidad de hacer historia tomando como consigna capacitar y certificar esos jóvenes de estratos bajos, para que sean tenido en cuenta y hacer respetar como autoridades lo aprobado vía Acuerdo del Concejo Distrital, para tener preferencias de la mano de obra local, en la nueva Refinería de Cartagena y los Clúster Petroquímicos, habida cuenta que los programas asistenciales, de orientación coyuntural, no atacan el problema estructuralmente. *CUT BOLÍVAR cutbolivar@gmail.com
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