En Latinoamérica los dirigentes parece que lograrán el propósito de aniquilar la democracia, no sólo porque, tras alcanzar el favor de los electores y en medio de su gestión, impulsan reformas para aniquilar los partidos políticos y alterar las reglas de juego, empezando por las que derogan los límites de tiempo para el ejercicio del poder y crean la posibilidad para su reelección, sino porque nos han impuesto la idea de que la gobernabilidad se sustenta en la veneración de una persona de la que no se puede prescindir, olvidando que la dinámica y fortaleza de las instituciones dependen más de la alternación en el poder y la pluralidad de opiniones que permitan la concertación y colaboración armónica, que de la exclusión del contradictor y la imposición de criterios. No obstante, a estos dirigentes que desconocen la democracia, a diario se les oye ufanarse de defenderla, porque se amparan en el errado y mezquino criterio que la reduce a las actividades electorales, de manera que se valen de artificios y prebendas para armar las mayorías, no sólo las que los respaldarán en las urnas, sino en los órganos colegiados que legislan o coadministran, en donde no se discute, sino que se obedece, porque se aplica la “suficiente ilustración” ante la recomendación del patrón. Bajo pretextos como fortalecer la participación de todos en la riqueza de la nación, afianzar la soberanía o salvarnos del terrorismo o de la pobreza que este creó, poco a poco se han ido cercenando o recortando los derechos y libertades que caracterizan una democracia. Evidencia de ello no sólo son los cierres de los medios de comunicación que cuestionan y se oponen a los abusos, sino la confiscación de empresas de capital privado o el empeño de enriquecer a un puñado de acaudalados que, por afinidad de objetivos, termina adhiriendo y apoyando a quien los beneficia, sin importar qué tanto poder se concentra en sus manos, ni qué amenazas se ciernen sobre el conglomerado. El último de los eventos que pone de manifiesto la involución de la democracia en el continente es el derrocamiento de José Manuel Zelaya como presidente de Honduras, creando confusiones y otro conflicto que amenaza con desbordar el ámbito del país en donde se generó, aumentando con ello los riesgos de rompimiento de la estabilidad en la región. Aunque la OEA y algunos de los mandatarios han manifestado su repudio al hecho, su solidaridad con el depuesto y han exigido su retorno a la Presidencia, la discusión entre académicos y politólogos se centra en determinar qué tan conveniente y legítimo es sustituir por las vías de hecho a un mandatario cuyo empeño de perpetuarse en el poder riñe con la legalidad de su país. Ello porque el proceder de José Manuel Zelaya, emulando a algunos de los actuales presidentes que aspiran a perpetuarse, es tan ilegal, como el de quienes lo expulsaron y asumieron después del derrocamiento. El gobierno de Estados Unidos, por conducto de su presidente y de la Secretaria de Estado hizo los primeros llamados de atención sobre el tema. Ojalá que las gestiones de Obama permitan entender a los políticos del Continente la inconveniencia de instaurar dictaduras soportadas con votos, pero controladas con botas. *Abogado y profesor universitario noelatierra@hotmail.com
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