En la salud se presentan grandes dilemas éticos, pero también políticos y económicos. Entre los primeros, el clásico es el del médico ante un parto muy difícil, porque debe decidir si salva a la madre o al bebé. Otro, que incluye aspectos económicos, es el de dos pacientes que necesitan un trasplante de corazón, pero sólo hay uno disponible. Si un los paciente tiene 75 años y puede pagar por el corazón, y el otro tiene 20 años, y no tiene seguro médico, ¿a quién hacerle el trasplante? Los dilemas político económicos son aún más complejos. Los recursos para investigar nuevos medicamentos, ¿se deben dedicar a enfermedades de una minoría con dinero, o a otras como la malaria, que afecta a millones de pobres en el mundo? ¿Qué está primero, el derecho de los laboratorios de ganar en las drogas contra el Sida, o el derecho de los enfermos a recibirlas aunque no tengan plata? Estos dilemas no los resuelve el mercado libre, que siempre asignará recursos donde sean más rentables, sino el Estado, para poner el interés público sobre el privado. Son decisiones políticas que requieren consenso, pues el derecho a la salud es esencial para el pacto social de cualquier sociedad. Si el presupuesto no alcanza para la atención médica para todos, y para todas sus enfermedades, ¿se debe dar atención plena a parte de la gente, o atención parcial y básica a toda la población? Otra posibilidad sería conseguir más recursos para financiar la cobertura total, pero ¿quién pone la plata? En Europa la seguridad social la financia el Estado con los impuestos generales, que son progresivos: pagan más lo que tienen más. Con la Ley 100, Colombia adoptó un modelo más neoliberal, y los trabajadores pagan por sus pensiones y su propia salud. El modelo está en crisis, entre otras cosas por el aumento del desempleo y el trabajo informal propiciado por la política de “confianza inversionista” de Uribe, y desde hace años se requería una solución. La Emergencia Social intentó resolver el dilema de la cobertura universal con una mezcla de nuevos recursos (impuestos a la cerveza y otros) y reducción de los servicios a los pacientes (obstáculos para acceder a tratamientos no POS). Fue una decisión política con pros y contras que se pueden discutir, pero con un vicio insubsanable: fue adoptada de manera dictatorial e improvisada, cuando se requería un debate democrático para lograr un nuevo consenso nacional. La Emergencia se caerá en la Corte y Congreso. Para reemplazarla no sirven los improvisados reversazos del presidente Uribe, ni son suficientes las protestas justificadas de médicos y pacientes; se requiere un análisis profundo que aporte soluciones creativas a esta problemática compleja. Para contribuir a este propósito, el candidato liberal Rafael Pardo convocó a un gran Foro sobre la Salud el próximo martes en Bogotá, con la participación de todos los actores del sistema de salud, y de congresistas, que son quienes deberán decidir sobre los impuestos nuevos. Es un estilo diferente de hacer política, que tal vez no da titulares de prensa como las denuncias sobre los conflictos de interés de los ministros y sus asesores, pero que muestra el talante democrático y la seriedad con que Pardo busca soluciones a los grandes problemas nacionales. macabrera99@hotmail.com
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