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El buen negocio

En los últimos años, se ha venido gestando una rápida y propositiva trasformación de la conciencia pública frente a los problemas ambientales, configurando un nuevo modelo ambientalista que exige una mayor responsabilidad ambiental en las actividades económicas emprendidas por los actores públicos y privados.

Esta situación ha generado un nuevo entorno de mercado que otorga más relevancia al tema ambiental y plantea la necesidad de acabar con la visión tradicional de que medio ambiente y desarrollo económico son incompatibles, y que la legislación ambiental se constituye en obstáculo para la creación de empresas y generación de utilidades.
El reto de los empresarios consiste en lograr un desempeño ambiental que cumpla con la normatividad y permita obtener mayores utilidades, más cuando en entornos cada vez más globalizados, el futuro de las industrias se ve amenazado por imposiciones legales y por consumidores cada vez más informados, que tienden a rechazar productos cuya fabricación se realizó sin considerar los impactos ambientales (Sólo en Estados Unidos se estima un mercado de más de 40 millones de consumidores de productos verdes).
El salto hacia la ecoeficiencia empresarial, se constituye en el próximo paso dentro de la lógica del proceso de consolidación de industrias locales competitivas.
El estricto cumplimiento de las normas ambientales implica la ejecución de significativas inversiones que, en tiempos de crisis, tal vez no sean vistas por los empresarios como prioritarias. Esta es precisamente una de las debilidades que enfrenta el proceso de reorganización industrial en el camino hacia la ecoeficiencia: la financiación de la misma.
Sin embargo, es importante reconocer la integralidad de la normatividad colombiana, la cual contempla un amplio grupo de herramientas regulatorias que incluyen los instrumentos fiscales para el estímulo y promoción de la inversión ambiental. Específicamente, la legislación promueve las inversiones en control, monitoreo y mejoramiento ambiental a través de beneficios tributarios relacionados con exclusiones del IVA o deducciones sobre el impuesto de renta.
Estos beneficios se constituyen en factor a considerar en las decisiones de las empresas ya que permiten reducir el costo de las inversiones asociadas a la modernización de equipos y sustitución de los insumos necesarios para la producción de bienes y servicios de mayor calidad y con menor huella ambiental. Bajo este esquema, en 2006 se acreditaron inversiones ambientales por valor de $ 28.534 millones y un año después la cifra fue de $30.945 millones.
Las ventajas asociadas al uso de este tipo de instrumentos resultan supremamente significativas, generándoles a las empresas un triple dividendo: cumplimiento de las normas ambientales (lo que evita multas y sanciones), ahorros fiscales, y oportunidades en nuevos mercados al presentar los bienes ofrecidos como “apetecibles productos verdes”. Más allá de los beneficios percibidos por las empresas, el esquema propuesto coadyuva en la protección ambiental, el crecimiento económico, la innovación tecnológica y la competitividad empresarial, una lista indispensable en la configuración de un proceso coherente de desarrollo sostenible.

*Docente UTB.

mrodriguez@unitecnologica.edu.co

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Comentarios

¿Y QUE PASA CON EL

¿Y QUE PASA CON EL AMBIENTALISTA ESCÉPTICO?....(HIT..HIT..URRAAAAA!!)