En los 405 componentes de la Canasta Familiar usados por el DANE para medir la inflación (IPC), no figura el Impuesto Predial. En 2009, los mayores costos de la canasta fueron en su orden: vivienda (30,1%), alimentación (28,2%), transporte (15,2%), educación, vestuario, salud y otros. El DANE debería medir el efecto del predial en el costo de vida: quien tiene vivienda propia lo siente directamente, en casa ajena lo paga con mayor arriendo, los empresarios (de cualquier tamaño) lo trasladan vía precio a los consumidores y los inversionistas inmobiliarios al precio de sus lotes de engorde. Nadie se escapa. El IPC hace 20 años era 16 veces mayor a hoy (2% en 2009). Al cierre de 1990, cuando se promulgó la Ley 44 que dicta las normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz (Predial Unificado), la inflación era 32,36%. En ese entorno, el Congreso fijó el tope del incremento anual del predial, resultante de un nuevo avalúo, así: “no podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, o del impuesto predial, según el caso. La limitación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se incorporen por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados.” Pretendía el legislador no copar la capacidad de pago de los colombianos al limitar a 3 veces la inflación el incremento máximo, cuando se dieran saltos súbitos en los avalúos catastrales. Al extrapolar ese criterio, el incremento máximo de predial en 2010 debería ser 6% (3 veces la inflación de 2009). Esa Ley no debió amarrar el tope a un porcentaje fijo sino a “ene” veces la inflación. Lo de Cartagena es una muestra del perjuicio de un artículo tan mal concebido. La Administración esperaba que la actualización catastral incrementara el predial en 20% pero resultó en 63% (20 veces la inflación). El avalúo catastral del IGAC, vigente desde 2003, era de $10,9 billones de pesos y subió a $23,2 billones en 2010. El costo político de este ajuste lo debió asumir Curi en su gobierno nefasto (el avalúo debió salir en 2007), pero le tocó a Judith Pinedo darse la pela y tragarse semejante “chicharrón”: ¿el tocino estará incluido en la canasta familiar? Si bien no se tocaron las tarifas y solo falta el 15% de 224.000 predios por actualizar, el incremento del predial por la actualización del IGAC (norma del Gobierno Nacional de cumplimiento obligatorio), es exagerado para la capacidad de pago, competitividad empresarial y confianza inversionista. Un estudio de la Andi en solo 80 predios de Mamonal muestra que pasarían de pagar $44.212 millones en predial en 2009 a $ 90.413 en 2010 (suben 105%), con saltos puntuales entre 130 y 160 veces lo pagado en 2009, dado que entran en la excepción del artículo de marras. El presupuesto distrital de 2009 soñó con recaudar en predial $120 mil millones y apenas logró $85 mil. Para 2010 volvieron a presupuestar la misma cifra del 2009. Quien mucho abarca poco aprieta: el efecto bumerán para las arcas del Distrito, ante un impuesto “impagable”, podría ser una mora alta; y con ello la frustración de no ver concluida la “revolución del cemento” en los 2 años restantes de gobierno. No dé tanta papaya, Mariamulata…; *Ing. Civil y MBA, Directivo Empresarial restrepojaimea@gmail.com
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