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El debate sobre la tierra

Tras los anuncios del gobierno de convertir al sector agropecuario en una de las “locomotoras del progreso del país”, hay incertidumbre regional. El proyecto para restituir las tierras despojadas es el abrebocas de una seguidilla de iniciativas que, parafraseando al Ministro Juan Camilo Restrepo, buscan activar el “apellido” de la cartera que preside: el “desarrollo rural”, pero se sabe poco sobre los instrumentos poderosos de política económica para el complejo y siempre sensible asunto de la tierra.

Es un tema álgido y puede generar debates irracionales cargados de “ideologismos”, en lugar de precisar la visión del campo y sus posibilidades inmensas. Creemos que Juan Camilo Restrepo puede dar ese parte de tranquilidad, por su trayectoria y peso específico –que el país rural reconoce–, para que la discusión de la “Ley de Tierras” se produzca con un ánimo conciliador y a partir de una pedagogía básica, sobre todo en las regiones.
Necesitamos aclarar a la “otra Colombia” que las medidas no la afectarán, y estimularán crecimiento y desarrollo, tan esquivo para el campo, sujeto históricamente a las leyes del mercado y sin suficiente institucionalidad pública para paliar la pobreza y la violencia.
Está sobre la mesa la norma para restituir las tierras. Pero vendrán otras para fortalecer la extinción de dominio, actualizar y modernizar el catastro y el registro, formalizar la propiedad rural, el uso y acceso a la tierra y hasta la misma ley de víctimas, la forestal y de Impuesto Predial.
Nadie se atreve a nombrar en los “mentideros” regionales y menos a estimar sus implicaciones físicas y fiscales, sobre la propiedad o las estructuras de producción y la reorganización del territorio productivo rural, en donde a mi juicio, descansa el éxito de una política integral de tierras, sobre la que ha insistido FEDEGÁN en los últimos cinco años.
La ganadería no puede continuar en 40 millones de hectáreas, cuando puede estar en 20 millones. Tampoco aprobamos la depredación de los bosques, la colonización coquera ni el desmonte de la selva. Urge instaurar una ganadería intensiva y una agricultura moderna, capaces de resolver los temas de biocombustibles y mejorar la oferta agrícola para la seguridad alimentaria y ambiental. Pasa por la reconversión productiva y el buen uso de los suelos. Pero también implica nuevos recursos para crédito y mucha más inversión en infraestructura e institucionalidad pública en el campo.
Respaldaremos toda iniciativa del Gobierno en esa dirección. El país político y el económico deben reconocer que la tierra es, ante todo, un activo productivo y no de acumulación patrimonial, como herencia maldita de una economía narcotizada que afectó sobre todo a los productores rurales que viven de su trabajo.
Nada distinto a voluntad política para desarrollar políticas activas que no frenen ni desestimulen el desarrollo económico, fortalezcan la institucionalidad, protejan a quienes siempre han obrado en la legitimidad y consulten la capacidad de pago en función de la productividad de la tierra, como criterio para distribuir la carga fiscal y alcanzar la equidad impositiva. Como diría la nueva Administración, que no obstaculicen la prosperidad democrática de la locomotora agropecuaria.
En eso estamos en FEDEGAN.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

jflafaurie@yahoo.com

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