El déficit fiscal

Desde su juramentación, el Gobierno de Uribe comenzó a gastar a tranca y barranca. Los solos consejos comunales, inventados para buscar las reelecciones en serie que planeó desde su primer triunfo, son un ejemplo del derroche oficial con fines personalistas. Agreguémosle las costaladas del gasto militar, los contratos por cabeza a los congresistas de la coalición y el manirrotismo en las exenciones tributarias, para comprobar por qué la hondura de nuestro déficit fiscal requiere un relleno sanitario. Con lo que salía de las arcas y con lo que no entraba al fisco se fue acumulando un saldo en rojo que ni el Presidente ni el ministro de Hacienda saben de cuánto es. De modo que los impuestos que no pagaban los inversionistas extranjeros por quedarse con las empresas nacionales, o por montar otras nuevas, los cubriremos los paganinis de siempre. A esa gabela gigantesca obedece el cacareo con la confianza de los magnates de otros planetas en la seguridad democrática. La reducción del déficit hay que ubicarla, en la selección de prioridades, junto con el 14,2 por ciento de desempleo, el 25 por ciento de informalidad en las capitales, la revaluación del peso, los líos con Ecuador y Venezuela, los disparates en la salud y el carrusel de la corrupción por donde metamos el hocico. El déficit fiscal es, pues, la entrada caliente que encontrará el próximo Presidente en la mesa de las decisiones. Ya fastidia la cantaleta sobre la recuperación de la economía durante el primer trimestre de 2010, que es, por cierto, de las más bajas de América Latina. Pero los problemas sociales crecen más: la pobreza no cede, el número de desplazados se abulta, la botadera de los empleados en los dos sectores –el público y el privado– no para, el ambiente se nos envenena, el porcentaje del PIB invertido en la educación descendió (lo informó el Banco Mundial) y la mortalidad infantil sube, es decir, la debacle. No obstante, volvamos al optimismo y esperemos que en el mismo carril que le toque andar a la reforma tributaria estructural camine, también, el propósito de aplicarle disciplina al gasto público, estímulos al empleo, racionalidad al intercambio fronterizo e incentivos a la producción rural. Hay quienes hablan ya de unificar las tarifas de renta e IVA para ampliar la base impositiva, y quienes sugieren la creación de un fondo de sustentación para ahorrar recursos y afianzar una política fiscal anticíclica. Pero para recobrar el optimismo es indispensable que los candidatos nos digan cuáles serán el contenido y los alcances de sus respectivos proyectos de reforma tributaria, no vaya a ser que nos suceda, otra vez, lo que con aquel reajuste fiscal del ex presidente López Michelsen cuando estrenó la emergencia económica: que “la burocracia –fueron sus palabras– se tragó los impuestos”. En los debates y foros que faltan convendría que los periodistas preguntaran más sobre estos temas de fondo que sobre las ofertas de Santos y Noemí a Darío Montoya, cuyo capital electoral, amasado en cuatro años de SENA, debe ser tentador, pues a nadie de tan corta carrera política se le prometen, sin la expectativa de una jugosa contraprestación, dos chanfas como el Ministerio de la Defensa y la Vicepresidencia de la República. *Columnista y profesor universitario carvibus@yahoo.es