Desde siempre, el Gobierno tuvo la convicción de que la Corte Constitucional le aprobará el referendo, a pesar de todas las monstruosidades cometidas durante su trámite y de las cuales están impuestos los colombianos que no han perdido la razón. Lo espera así porque el Senado de mayoría uribista eligió a todos sus magistrados, y estamos haciendo del Estado de Derecho un sarcasmo que condiciona la defensa de la Carta Política al título valor de las gratitudes burocráticas. La gente que todavía cree en la justicia y en la independencia de los magistrados no lo considera tan fácil. Tiene fe en que los togados no subestimarán la responsabilidad que representa decidir en derecho y con la conciencia en su lugar, de acuerdo con un deber que es al tiempo jurídico y ético, un asunto de implicaciones institucionales serias que el señor Uribe transformó en un deporte cuatrienal que sólo admite un protagonista en el terreno de juego: él. Pero coetáneamente con la tesis presidencial sobre el Estado de opinión, la idolatría uribista, a propósito de una declaración del magistrado Nilson Pinilla, confía en que, como la soberanía reside en el pueblo, conforme lo manda el artículo 3º de la Constitución, el Congreso pueda ensuciarse en el artículo 379 de la misma y burlar los requisitos exigidos al procedimiento de sus reformas. Nunca se ha sabido que la soberanía sirva para justificar el atropello al orden jurídico ni a la forma de preservarlo. Además, el reconocimiento de la voluntad popular no supone la infalibilidad de la participación mayoritaria. ¿Qué tal el caso de los cinco millones de firmantes que le dieron el banderazo a un proyecto que contempló la reelección para el período presidencial que no era? Ninguna transgresión, o error grave del Congreso, tiene en la soberanía pretexto para desconocer los límites que se le fijan al poder. Es la razón por la cual acude al control constitucional todo el que se sienta sujeto pasivo de una vulneración a las normas superiores. De lo contrario, sobraría el concepto de supremacía de la Constitución, pues los efectos nocivos de muchos vicios de inconstitucionalidad juntos rompen el principio de proporcionalidad, y para conjurarlos existe, en consecuencia, el control previo de constitucionalidad. El sistema de frenos y contrapesos, ideado para garantizar el equilibrio entre los poderes y la estabilidad del sistema democrático, figura en las Constituciones porque se requiere para mejorar la calidad de las decisiones políticas. El debate público en torno de la segunda reelección contribuyó a aclarar que la decisión política contenida en la ley 1354, aprobada para facilitarla, es un ejemplo eminente de irracionalidad legislativa por el cúmulo de violaciones que coleccionó. La pregunta clave es: ¿Fallará la Corte como lo espera la idolatría uribista o decidirá como aspiran los ciudadanos a que lo hagan sus magistrados, esto es, respetando el significado de la Justicia y respetándose a sí mismos? No me cabe en la cabeza que un legatario del magisterio de Ricardo Hinestrosa Daza, pueda inmolar el órgano judicial, en la pira de los delirios autoritarios, para que un caudillo lo subordine, a su antojo, al capricho de sentirse el dueño y señor de un Ejecutivo-pulpo. *Columnista y profesor universitario carvibus@yahoo.es
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