Había resuelto no referirme nunca más a la extinta administración del sancionado Joaco Berrío, y menos en un día de elecciones que pintan reñidas y alegres. Pero me obligó una diatriba del abogado David Espinosa, en la cual dijo que mis afirmaciones en el artículo titulado ¡Cayó!, de hace dos semanas, son dolosas y constituyen, por inferencia suya, un claro epistema in doxa contra la honra de su poderdante. Mis juicios en la columna citada se refirieron al desempeño deplorable del señor Berrío en un empleo que buscó y hubo de dejar cinco días antes de que la Procuraduría lo destituyera. Si hablé de despilfarros y de abusos fue porque el Ministerio de Protección Social, en un informe sobre la Salud en Bolívar, destacó la desproporción entre la alta cuantía de las inversiones y sus magros resultados, y por las razones que adujo la Superintendencia para intervenir la Secretaría del ramo, y por las desarticulaciones del sector que enumeró y explicó el primer interventor en una larga rueda de prensa. Eso es calificar una mala administración, no vulnerar la honra del administrador ni destruir su integridad moral. Ahora bien, que los mercados adquiridos para sortear los estragos del invierno de 2007 se pudrieron, no es un invento mío. Que Berrío se resistió a pagarlos, tampoco. Que perseveró en su punto de vista, a despecho de las decisiones judiciales que ordenaron su pago, menos. Que ya de ex gobernador –posteridades gubernamentales– le pidió al encargado que no los pagara, lo leímos todos. Nada doblegó su intransigencia ni ablandó su insensibilidad. Nerón y Calígula en cuerpo ajeno. Lo único que yo podría hacer, para que el administrador Berrío vea que nada tengo contra su honra y su integridad moral, es sumarme a un movimiento que se está gestando en el Sur de Bolívar para erigir unos bustos del ex mandatario en las plazas de los municipios que esperaron en vano la ayuda que los resarciera de los daños del invierno de 2007, pues demostró que las torturas de una tragedia sucumben al imperio de la testarudez. A riesgo de excederme en satisfacciones al abogado Espinosa y al administrador Berrío, pienso incluir el sainete anterior en un libro que publicaré con el título de Historia universal del rigor. Sobre las pensiones del magisterio me incomoda repetir que el ex gobernador, no obstante estar en firme la revocatoria de un mandamiento de pago hecha por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bolívar, dictó las resoluciones números 325, 410, 411, 412, 413, 444 y 476 de 2008, para actualizar y reajustar mesadas a petición del apoderado de la Asociación de Maestros, o de su oficina. Si decirlo es otro epistema in doxa contra la honra acerada de Berrío, me servirán –igual que el informe del Ministerio, la resolución de la Superintendencia y las declaraciones del interventor– para probar que no me animó “el inequívoco propósito de injuriar y calumniar” a nadie. No pediré, como el Tartarín-Quijote, un hacha similar a la que asomó en los agravios que me espetó el abogado Espinosa La honra y la integridad moral no hay que cuidarlas de lo que otro diga sino de lo que uno haga. Para ponerlas a salvo no se requiere, en consecuencia, un apoderado que las exija por sentencia judicial. *Columnista y profesor universitario carvibus@yahoo.es
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