Que Chávez haya cerrado el comercio con Colombia, lo aceptamos aunque no acabamos de entenderlo. Es un hecho con tinte político y un gran trasfondo económico, que entraña graves riesgos por los efectos perversos colaterales que genera para la economía ganadera colombiana, especialmente la de frontera y desde luego, para la población de ese país. Pero ahora, es el contrabando lo que de verdad tiene en jaque a la ganadería colombiana. A grandes rasgos, este fenómeno impacta la economía ganadera en el orden legal; sanitario; y en los precios del ganado. Todos ellos, en contra del ganadero y de nuestro consumidor. El contrabando ha sido, históricamente, uno de los delitos que más ha flagelado nuestra economía. Sus consecuencias son devastadoras. Infortunadamente, al suspenderse los giros de Cadivi para comprar carne con dólares oficiales (el dólar oficial es la tercera parte del dólar paralelo), se ha generado una avalancha incontenible de contrabando de ganado en pie, ya sea flaco o con destino a sacrificio, que encuentra nicho de enriquecimiento fácil en comerciantes, en algunos ganaderos inescrupulosos, y, por supuesto, en la informalidad de las plantas de sacrificio existentes en la región. Sólo un dato: se pudo establecer que más de 3.000 reses fueron sacrificadas sin el requisito de Guía de Movilización expedida por el ICA, entre los meses de julio y septiembre, ganado presuntamente traído desde Venezuela que se sacrificó en Colombia. Al margen del impacto económico y legal, que genera graves espacios de corrupción, lo que más preocupa es que la fiebre aftosa entre por esa frontera, destrozando el estatus sanitario que hemos construido entre todos los ganaderos y al que le hemos invertido más de 500 mil millones de pesos desde hace 14 años, cuando se inició la campaña contra ésta enfermedad. Para no ir más lejos, el brote reciente de fiebre aftosa en cerdos en una planta de sacrificio en el Departamento de Nariño –y que nos hiciera frustrar una exportación importante hacia el mercado ruso–, está a punto de truncar un acuerdo para exportar carne hacia México, y Perú está ajustando su normativa. Como si fuera poco, en el contrabando encontramos explicación al envilecimiento adicional de los precios del ganado. Si bien el cierre de la frontera significó un represamiento de más de 40.000 novillos mensuales que salían con destino a Venezuela, ahora el contrabando puede sumar 10.000 animales adicionales por mes que entran de ese país con destino al mercado informal interno, desplazando la oferta propia. El Gobierno tiene la obligación de actuar con mayor decisión. Esto ya rebasó la respuesta de los organismos de inspección y control (ICA e Invima). Es un asunto de fuerza pública y de lucha contra la informalidad. El antecedente del asesinato de un funcionario del ICA -ante su hijo-, es una señal inequívoca de que detrás del contrabando hay mafias criminales grandes y poderosas. ¿Será que somos capaces de enfrentarlas? Mientras el gobierno siga aplazando la vigencia del Decreto 1.500 y no acuda al Ejército y a la Policía para combatirlo, tengo mis dudas. *Presidente ejecutivo de Fedegán
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