El tufillo de los Nule

Las irregulares cometidas por el llamado Grupo Nule desnudan la crisis de ciertos concesionarios de obras públicas del país y las falencias del Estado al adjudicar contratos, sin reparos, a firmas con antecedentes tan negativos. Ante el atraso injustificado en las obras de la Calle 26 en Bogotá (Transmilenio), el propio presidente Uribe conminó al Grupo Nule a “que se ponga al día de inmediato, ceda el contrato o se le declare la caducidad". Esta medida será intrascendente si persisten los hábitos tan arraigados de ésta y otras firmas de ingeniería grandes que trabajan en Colombia, acostumbradas a trasgredir la frontera ética para ordeñar el erario. De un tiempo acá aparecen firmas de consultoría, interventoría, construcción y concesión de grandes obras públicas con departamentos jurídicos y de relaciones públicas mucho más robustos que sus áreas técnicas (su razón de ser). Por eso es frecuente encontrar más abogados y asesores “lobistas” influyentes que ingenieros en sus nóminas. A este paso la infraestructura del país, tan deteriorada o inexistente, se construirá en los escritorios. Esta distorsión de la ingeniería nacional se nota en el caso Nule y las “perlas” divulgadas en los medios desde que se destapó el escándalo: los problemas graves de flujo de caja los llevó a un carrusel de contratos donde los recursos de las nuevas contrataciones daban una aparente liquidez, rápidamente absorbida por el déficit insostenible de los contratos viejos (“pasará lo mismo con la doble calzada a Girardot, o el acueducto de Cúcuta y de otros 20 municipios, o en el túnel de La Línea”, vaticinó Salud Hernández en su columna de El Tiempo). Además de conseguir liquidez por esta vía torcida, consiguieron préstamos de los recursos “sagrados” de las regalías e incautaciones del narcotráfico, destinados por mandato legal a resolver problemas sociales y de seguridad: no para servir de salvavidas a consorcios inescrupulosos. En Colombia se impuso la moda de adjudicar muchas licitaciones al menor precio, minimizando los demás atributos y seriedad del proponente. ¡Y claro!, los contratistas favorecidos recuperan su rentabilidad por la vía del Otrosí, las adiciones de obra y las reclamaciones millonarias. Otra práctica insana de algunos concesionarios del Estado es armar una red de empresas socias (directa o indirectamente) para copar todo el espectro de la contratación de obras públicas. Llegan a extremos tan aberrantes que, según Salud Hernández, los Nule controlan firmas de interventoría que “vigilan” sus propios contratos; y para ir a la fija, en la mencionada licitación de Transmilenio, se presentaron camuflados en 3 consorcios distintos: 2 fueron inhabilitados ganaron con el tercero. No estamos ante un caso “aislado” en el contexto nacional ni alejado de las jugadas que hemos visto en Cartagena en años recientes. La concesión rentable del Corredor de Carga, con el abusivo otrosí que le añadió Transversal 54, el alcantarillado de Bocagrande y la carretera de Barú (¿nos sorprenderán con un Otrosí para el puente?); y próximamente el Túnel faraónico de Crespo y el aeropuerto nuevo (innecesarios y vulgarmente costosos), entre otras obras amañadas que ustedes, amigos lectores, me ayudarán a recordar, emanan el mismo tufillo desagradable del caso Nule. *Ing. Civil y MBA, Directivo Empresarial restrepojaimea@gmail.com