Los mercados han sido de tiempo atrás (recientemente en Colombia) la forma más apropiada de propiciar la competencia, incentivar la innovación, mejorar la calidad, y reducir los precios en beneficio del consumidor. Cuando el mercado funciona, es razonable que protesten los competidores, más no los demandantes que son quienes se benefician; cuando no, lo inverso: están felices los competidores y protestan los consumidores, por precios altos, mala calidad o malos servicios. Sin ser un experto en el tema, sólo un buen observador, las empresas promotoras de salud (EPS) no funcionan precisamente en un mercado, pues si bien es cierto que se compiten los pacientes ofreciendo calidad y servicios, el gobierno les paga, a precios establecidos, de una bolsa que fondean los contribuyentes, y vigila su funcionamiento. No obstante en la contratación laboral, de servicios con las IPS, y de medicinas, equipos y consumibles, funcionan como demandantes de los respectivos mercados. Y en esos mercados (servicios y medicina, especialmente) zumban las comisiones. No sólo para la fuerza de venta de cada oferente, si no para los que deciden la contratación y la compra en las EPS. Aunque no se pueda generalizar –tampoco particularizar- ya eso es vox populi. Como empresas que son, las de la salud, optimizan sus costos para evitar la quiebra y asegurar una utilidad. Participan como demandantes en el mercado laboral -que aún no está sobre ofertado; en el de servicios, y en el de medicamentos, reduciendo –hasta donde sea posible- la discrecionalidad del médico para ordenar la compra o la contratación. Eso hace un buen empresario; y la salud de las empresas, es la salud de la salud (valga la redundancia). Hasta dónde se exceden la empresa en el control, y hasta dónde el médico en las órdenes y remisiones, es un asunto ético bien difícil de determinar. ¿Cómo explicar –por ejemplo- una escanografía para un simple dolor de cabeza? Si se desmontara el perverso sistema de comisiones (con características de soborno cuando son al ordenador), se aumentaría la objetividad, se reducirían los costos y se mejoraría el servicio. La Superintendencia tiene la responsabilidad de vigilar el servicio y el gobierno evitar que le metan goles. Lo que sucede es que la salud pública no puede ser mirada exclusivamente bajo la óptica del médico. La gente más pobre que son la mayoría, ven en la nueva organización del sector una bendición; tienen consulta, exámenes de diagnostico, medicina e intervenciones quirúrgicas gratuitas, que antes no tenían. Todo eso en establecimientos dignos de un ser humano. La consulta particular con un especialista hace unos años estaba en 100 mil pesos. Ya casi nadie va a ellas porque el sistema satisface adecuadamente esa necesidad, aunque el médico se sienta mal pagado. Aun así, sigue siendo una de las profesiones más lucrativas y con menos desempleados. En los barrios populares hay aún consultorios particulares que cobran a 20 mil pesos la consulta; tienen muchos pacientes (esa es la economía de escala), y logran vivir con holgura económica. Y las drogas genéricas son un excelente sustituto de las de marcas, que son las que pagan comisiones, y generan grandes utilidades para los laboratorios y los comercializadores. *Ing. Electrónico, MBA, pensionado Electricaribe myances@msn.com
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()