Del 2001 y 2003 el esfuerzo y riesgo institucional y personal por defender los bienes de uso público, fue intenso. Derrotando una denuncia penal con amenaza incluida, mediante una Acción Popular logramos que en uno de los casos el Tribunal fallara a favor de la naturaleza y la Nación. Apelé la sentencia del juzgado del Circuito, contundente en lo considerativo, blandita en la sanción. Tutelamos una sentencia de prescripción sobre el territorio imprescriptible de la Ciénaga de la Virgen y obtuvimos de la Corte Constitucional la cuestionable sentencia de revisión T 294 del 2004. Tuteló esa corte porque el Tribunal se declaró impedido al haber autorizado la prescripción de lo imprescriptible, y la Corte Suprema, en doble instancia, se lavó las manos rechazado el recurso constitucional con argumentos incalificables. Ante los resultados de este esfuerzo institucional, levanto la voz contra la impunidad, el dejar hacer y dejar pasar para obtener respuestas de la Justicia, Cardique, Alcaldía, Fiscalía, Capitanía y Procuraduría, siete instituciones representantes del Estado eunuco. El 23/09/ 2003 la Magistrada Betty Fortich ordenó que en 30 días Hernán Bohórquez procediera en el anillo vial a: “Extraer el relleno efectuado en el terreno (…;). Demoler las sabaleras construidas, restablecer el flujo de las aguas y reforestar con mangles. Demoler las obras de infraestructura que se encuentran en el terreno, y posteriormente retirar los escombros. Después de realizarlo, desalojar el lugar para proceder al restablecimiento ecosistémico.” Integró un comité con la Alcaldía, Cardique y la Procuradora Agraria para verificar el cumplimiento. Durante Barboza y Curi (2004 a 2007), burlando la orden, rellenaron a placer y continúan hoy. Protegidos por el silencio, sin reacción, ofrecen “lotes” sacados de las aguas y el espacio de manglar. Atropellan la Corte Constitucional que tuteló lo que negó la Corte Suprema y ordenó, 17 años después, conceder la revisión contra la prescripción con la que Aníbal Olier se apropió y vendió a Bohórquez otra de sus “posesiones.” Van cinco años y la Corte Suprema poco o nada ha hecho para revisar la “prescripción” solicitada por la Alcaldía, en cumplimiento a la Corte Constitucional que ordenó “a los señores Aníbal Olier Bueno, Hernán Joel Bohórquez y demás personas que ostenten ‘títulos de propiedad” sobre el terreno precitado, que se abstengan (i) de realizar cerramientos que impidan el libre paso de los particulares y de las autoridades, (ii) de actuar tal forma que se deteriore el equilibrio ecológico del terreno desconociendo la función ecológica de la propiedad y (iii) de perfeccionar cualquier contrato que implique la transferencia parcial o total de la propiedad del inmueble, sin que el adquiriente esté plenamente informado acerca de la posible destinación del bien al uso público y del pleito judicial pendiente”. La Capitanía certifica y la realidad lo demuestra: nadie tiene propiedad de las aguas y la prescripción está cuestionada. Humillados por la soberbia padecemos la ejecución en flagrancia de un delito: Fraude a Resolución Judicial. También se le llama descaro, desfachatez, desacato e involucra a quienes deben cumplir las decisiones judiciales y a todos los que debieron hacer y no hicieron o no hacen nada. **Abogado, periodista, ecologista rvergaran@yahoo.com *Rotaremos este espacio entre distintos columnistas para dar cabida a una mayor variedad de opiniones.
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