La medida preventiva de suspender el cobro de la estampilla “Universidad de Cartagena a la Altura de los Tiempos”, dispuesta por el Tribunal Administrativo de Bolívar, es una mal presagio para la educación pública superior en la ciudad. Si algo ha permitido que nuestra Universidad de Cartagena conserve su prestigio académico y avance en cobertura, calidad, investigación y proyección social, son los recursos económicos necesarios, sin tener que padecer el drama de otras universidades, condenadas a una mendicidad histórica vergonzosa. Una de las fuentes de ingresos que permite tal estabilidad es la estampilla, cuyo mayor producido proviene de Ecopetrol, pero no por voluntad propia de la entidad estatal, sino por los pleitos jurídicos numerosos que ha impulsado exitosamente el Alma Mater para hacer valer el derecho de recibirlos, ante las pretensiones de desconocimiento. No es fácil entender que la riqueza generada por los recursos petroleros de la nación sea tan esquiva a la financiación de la formación de profesionales en las propias instituciones del Estado y que desde el sector público se apele a una variedad de esguinces y artimañas para evitar que tales dineros queden en el marco regulatorio de la autonomía universitaria. Hace pocos meses la ciudad y el país presenciaron la reacción fuerte y decidida de los diferentes estamentos universitarios locales, que cerraron filas ante las intenciones de quitarle a la Universidad el manejo directo de los recursos de la estampilla, como resultado de acciones (de autoría dispersa) surgidas e impulsadas en el Palacio de la Proclamación. Cuando el incidente se consideraba superado y la comunidad universitaria disfruta de sus vacaciones de fin de año, surge una decisión judicial sorpresiva y controversial, que amenaza con desestabilizar la primera universidad pública de Cartagena, bajo unos argumentos que parecen reñir con la lógica. Argumenta Ecopetrol en su demanda de nulidad, que hubo extralimitación tanto de la Asamblea departamental como de la Gobernación al expedir la resolución No. 12 de 1.997, al ajustar el producido de la estampilla (60 mil millones de pesos) a los índices económicos de cada año, con lo que supuestamente se violaría una norma superior. Al admitir tal demanda y ordenar la suspensión del cobro, el Tribunal parecería establecer que en Colombia los impuestos y contribuciones son estáticos, o que la dinámica de reajustes anuales en todos los productos y servicios, debe ser excepcional para la referida estampilla. No hay que ser un economista experto para saber que si una renta no se actualiza, disminuye, en perjuicio del propósito para el cual fue creada. En este caso la estampilla Universidad de Cartagena es soporte para el pago de la seguridad social de empleados, pensiones, inversión en infraestructura, investigación y dotación tecnológica para la formación académica. La ciudad debe estar atenta y vigilante a un manejo eficiente y transparente de tales recursos y evitar las nuevas intenciones de despojo por vía judicial, con lo que se propinaría un golpe mortal a la educación pública local y consecuentemente a las posibilidades de formación profesional de los más pobres. *Trabajador Social y periodista, docente universitario, asesor en comunicaciones. germandanilo@hotmail.com
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()