La Corte Constitucional ha sostenido que el espacio público es de interés general y que prevalecerá sobre cualquier interés particular que pretenda desconocerlo. Pero de igual prevalencia goza el respeto de la dignidad humana en el trabajo, dentro del Estado Social de Derecho. Si bien el uso del espacio público se constituye en un derecho colectivo, Art-82 C.N., de igual protección goza el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes cuando su fin tiene como fundamento el bienestar de sus familias. La Sentencia T-772-03, establece que las autoridades sí tienen la potestad constitucional de adelantar políticas, programas y medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio público, pero se han de adelantar siguiendo “el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, deben respetar la confianza legítima de los afectados”, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y no se puede adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población. La utilización con fines económicos del espacio público se da en todas partes y latitudes, la diferencia es que en los países desarrollados no es todos los días ni todo el día y en los nuestros continuamos con nuestros “mercados persas”, frase que precisamente es sinónima de caos, de desgobierno. Mientras tengamos Servidores Públicos que entregan a particulares poderosos o permitan que se apropien de lo público mediante argucias con las 40 hectáreas de la Arabia en el Norte, puertos, corredores viales, agua, energía, salud, etc., o permitan que terceros lo hagan porque reciben prebendas económicas o por intereses familiares o políticos, la lucha por establecer que lo público es de todos continuará siendo muy difícil. Los vendedores ambulantes contribuyen a que la economía al por menor se mueva y de qué manera; ¿cómo serían las finanzas de Tigo, Movistar, Comcel, sin los vendedores de minutos? ¿Qué sería de este país si los millones de héroes de la economía informal resuelven sus problemas mediante la comisión de delitos? Esos compatriotas, sin ayuda del Estado, sacan adelante a sus familias. La mesa de concertación establecida por la Alcaldesa debe acordar mecanismos y condiciones, como que los informales no deben tener ninguna otra fuente de ingreso para poder serlo, y que el núcleo familiar no pueda usufructuar más de un espacio; que los productos que ofrezcan sean nacionales; hacer convenios para capacitarlos en carreras técnicas, tecnológicas y/o profesionales; darles créditos blandos, planes de vivienda y seguridad social, además de convenios de ayudas internacionales. El mototaxismo es otro fenómeno de altas implicaciones sociales sin resolver. No hay delitos como asesinatos, atracos, fleteos, en que no utilicen como vehículo una moto, y si de accidentes fatales se trata ni qué hablar. En la ciudad ya está constituido un dúo dinámico diabólico de motos y armas que se alquilan por día, de ahí que el accionar de los delincuentes sea desenfrenado. Es inaplazable una mesa de concertación con el gobierno Distrital, Departamental y Nacional, donde se acuerde que las mototaxis deben tener un furgón que eliminaría los problemas delincuenciales, de accidentes, de la ilegalidad que tenemos hoy. Se debe prohibir el tránsito por avenidas principales, otorgar préstamos blandos para financiar el furgón a los propietarios de mototaxis y que sin excepción, sean beneficiarios de programas de seguridad social del Estado. cutbolivar@gmail.com
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