Las estadísticas de los entes del Estado no siempre coinciden con las realidades del conglomerado. Por ejemplo, al medir el índice de ocupación se considera que disponer de una carreta para vender por las calles y al detal yuca, ñame y verduras es una actividad que debe enlistarse dentro de los oficios lucrativos, de modo que a quienes se dedican a él se les considera como comerciantes, sin reparar siquiera que los recursos para proveerse son facilitados en la mañana por una persona que durante la tarde compartirá las utilidades con el vendedor, quien devuelve el dinero recibido y encima los réditos. Sé que este tema es de conocimiento general, tanto que le permitió al Presidente crear la farsa de la banca de oportunidades y puso a Luís Carlos Sarmiento Angulo a idear una estrategia para fundar un banco para pobres. No obstante me refiero a él ahora que las autoridades se disponen a fijar la meta de crecimiento de la economía y el salario mínimo que durante 2010 habrá de regir las cada vez más escasas relaciones de trabajo amparadas en un contrato, a pesar de la reducción que en el rubro de prestaciones se ha introducido en la legislación. El aminoramiento de las prestaciones se estableció como estrategia para proteger la estabilidad de los empresarios y comerciantes, de modo que desde el principio se sabía que no incidiría en el surgimiento de plazas de trabajo. Promover la conservación de fábricas y almacenes es una prioridad a la que no me opongo, pues es sabido que a través de su actividad se dinamiza la economía. Pero de igual trascendencia es abrir oportunidades de trabajo y garantizarle ingresos suficientes a los que laboran. Por eso para alcanzar lo primero no debería acudirse a mecanismos que no sólo desmejoran la capacidad de adquirir bienes de los asalariados, sino, también, le imposibilitan ahorrar. Eso está ocurriendo en la actualidad. Las autoridades lo saben, de ahí que insistan en manifestar su preocupación por el bienestar de todos. Sin embargo no se advierten los resultados de los esfuerzos por mejorar la situación. Ni el aumento del salario mínimo ni la meta de crecimiento de la economía excederán el 3%. Se puede, entonces, predecir que para los asalariados la capacidad de compra y de ahorro continuará reducida a la menor posibilidad, afectando con ello las oportunidades de prosperidad que el Gobierno se empeña en mostrar. En efecto, las perspectivas de un mayor consumo de bienes y servicios dependen de que los consumidores cuenten con recursos para gastar. Esa es la lógica de las relaciones de producción que nos rigen. Pero, ¿cómo podrá gastar quien no tiene nada? Otra de las estadísticas que no cuadran es la referente a las tierras que habrán de entregarse a los campesinos para que concreten los proyectos diseñados para impulsar el resurgimiento de la agricultura. A pesar de que los funcionarios ensalzan el que durante la vigencia de este gobierno se ha incautado la mayor cantidad de bienes a los narcotraficantes, ello no se refleja en que la agricultura se esté convirtiendo en un dinamizador de la prosperidad, pues las tierras y subsidios continúan entregándose a los empresarios de mayor rango. Recordemos el reciente escándalo de Agro Ingreso Seguro. *Abogado y profesor universitario. noelatierra@hotmail.com
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