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Ética pública y corrupción

El Premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, en una conferencia ante el Banco Mundial, conceptuó sobre la corrupción: "En algunos países, la corrupción a las claras reviste primordialmente la forma de contribuir a las campañas electorales que obligan a los políticos a corresponder a los donantes más importantes con favores.

La corrupción en pequeña escala es mala, pero la corrupción sistémica de los procesos políticos puede tener costos aún más graves".
Las contribuciones a las campañas electorales y el cabildeo que propician las privatizaciones rápidas de empresas de servicios públicos, antes de que existan los marcos reglamentarios apropiados y de modo que haya pocos postores puede obstaculizar el desarrollo, aun cuando no haya sobornos directos de funcionarios del Estado. Stiglitz cree que con la entronización del neoliberalismo la corrupción se convirtió en una compañera de viaje de la política del libre mercado.
Es evidente que el Consenso de Washington, que fue anunciado como el desiderátum de una nueva política económica, destinado a lograr los objetivos de crecimiento, empleo y equidad social fracasó y minó la fe en la globalización y en la democracia.
En ese mismo contexto la presentación del Estatuto anticorrupción en el Congreso resulta oportuna. El tema de la anticorrupción en Colombia es cíclico y coyuntural. La anticorrupción debería ser una norma básica del Estado y de los gobiernos, pero la mayoría de las veces esa normas quedan como un catálogo de buenas intenciones, con leyes y decretos que carecen de la suficiente fuerza coercitiva, sin la adecuada concordancia con los códigos, a fin de hacerlos más eficaces y de esa manera, que tales normas no queden como un mamotreto más, destinado a la burla de los delincuentes de todas las raleas.
Es evidente que se trata de un conflicto entre la vigencia de la ética pública y la corrupción. Ética, que es la aplicada en la práctica en los asuntos de gobierno, a los servidores públicos que ocupan cargos burocráticos, o los elegidos que tienen responsabilidad con el Estado, y que cobija a los gobernantes y funcionarios en el cumplimiento del deber. No obstante lo anterior, podríamos calificarla como una concepción meramente académica.
En Colombia la antiética pública y por ende la corrupción ha alcanzado un altísimo grado alejada de esos esquemas académicos, y muestran un perfil verdaderamente alarmante. De otro lado existe una especie de simbiosis entre lo público y privado que evidencia uno de los peores grados de corrupción.
La euforia que se percibe al inicio del gobierno debía aprovecharse para que se apruebe y aplique un verdadero estatuto contra la corrupción, sin rendijas por donde se puedan filtrar los hábiles y experimentados corruptos del país. Haciendo abstracción de los delitos de corrupción más recientes y sin una percepción delirante, mencionemos dos casos emblemáticos que muestran cómo los corruptos burlan la justicia: el de la represa del Guavio, en Bogotá, y el robo continuado en la construcción del Metro de Medellín. Ningún hecho de corrupción ha recibido hasta el día de hoy la sanción penal ni moral que se merecen.

*Médico Cardiólogo. Ex Director de El Universal. Académico de Número de la Academia Nacional de Medicina, de la de Cartagena y de la de Historia.

MOROND@telecom.com.co

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