Exclusión y playas

A juzgar por las declaraciones del Capitán de Puerto lo que queda claro es que la concesión de las playas de Cartagena a administraciones privadas reforzará las políticas de exclusión en contravía de lo dicho una y otra vez por la alcaldesa de la ciudad. Por eso no estoy de acuerdo con lo que se presenta como la medida salvadora del turismo en Cartagena, en desmedro de los cartageneros. Hace un poco más de dos semanas, el lunes 12, en una entrevista de amplio despliegue, Víctor Hurtado, Capitán de Puerto de Cartagena, decía enfáticamente que no se privatizarían las playas, “que todos los ciudadanos tienen derecho a gozar de estas sin restricción alguna, ni siquiera en los terrenos concesionados”. Pero, a renglón seguido, y en abierta contradicción con lo anterior, señalaba lo siguiente: “el suelo tiene que utilizarse de acuerdo con su vocación y por eso habrá playas con un amoblamiento majestuoso a las que sólo podrán ir personas que tengan como pagar por ese servicio, pero también habrá sitios que no representen un gasto oneroso”. ¿En qué quedamos? ¿Habrá o no restricciones? Por supuesto que sí. Y la más efectiva de todas: a aquellas playas que tendrán “amoblamiento (no sé si esta palabra existe en el español) majestuoso” no podrán entrar los pobres y ni siquiera la clase media cartagenera -es decir más del 90 por ciento de la población de la ciudad- sencillamente porque no tendrán con qué pagar el servicio. Y el problema no está en que se privaticen, en sentido abstracto. Lo verdaderamente grave es que las concesiones serán el instrumento para materializar el sueño de los dueños del turismo y de una minoría de cartageneros: las playas segregadas. Es curioso, pero tengo la sensación, de que si la alcaldesa no medita mejor sus actos, pese a sus discursos de campaña y a su deseo sincero de democratizar la ciudad, el resultado final de algunas de sus decisiones terminará produciendo el efecto contrario: una Cartagena aún más marcada por la segregación y la exclusión de los sectores populares. Repito lo que dije en mi pasada columna: en una ciudad que no tiene parques ni otros sitios de recreación, las playas han sido por siglos el lugar de encuentro de todos los cartageneros, el espacio democrático por excelencia. Destruirlo es dar un paso hacia atrás en el propósito enmarcado en el eslogan de la campaña electoral de la alcaldesa de crear una sola Cartagena. Además, me parece absurdo que el argumento para otorgar las concesiones sea el de que los turistas se quejan del abuso de los vendedores ambulantes. Por supuesto, que los dueños de hoteles tienen toda la razón en estar preocupados por el descontrol de los vendedores en las playas de Bocagrande. Pero lo que no entiendo es por qué hay que entregarles las playas a los particulares para que resuelvan un problema que lo que demanda es el ejercicio de una sana autoridad. Me parece increíble que el gobierno del cambio por el que votaron los cartageneros no pueda garantizar un mínimo de orden en las playas para el disfrute de todos, gratis, como ha sido desde los inicios de la república. Una pregunta final: ¿cuáles serán las playas de “amoblamientos majestuosos”, “cuáles las de gastos menos onerosos”, y cuáles las de simples pobres, que no tienen como pagar? No es difícil adivinarlo. *Historiador. Profesor de la Universidad de Cartagena. alfonsomunera55@hotmail.com