Este Gobierno, menospreciando los principios de diálogo y concertación laboral, impuso el salario mínimo legal, incrementado por decreto en un 3,64%, quedando casi superado por las alzas de comienzo de año. Las agresiones en contra de los DESC de la población, se expresan en el conejo que le hace a los trabajadores estatales al pretender aumentarles sus salarios solo en 2%, cuando la ley 1365 del 21 de diciembre del 2009, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010”, aprobó el 4%. La inestabilidad laboral, bajos salarios, desempleo, informalidad, empobrecimiento del campesinado, de indígenas, precariedad laboral y salarial, la situación caótica en salud, violencia urbana, son muestras de la ausencia de políticas sociales, razones fundamentales para afirmar que es el mejor gobierno de los últimos años que ha tenido el capital nacional y transnacional, patentando un falso positivo en la inversión social y por otro lado apoyando incondicionalmente al sector financiero para que multiplique sus ganancias. Como sociedad civil somos testigos de las reformas autoritarias de la Constitución en contra del estado social de derecho, priorizando el gasto militar sobre la inversión social; para armonizarlas a sus intereses y fines perversos, ha manipulado el referendo reeleccionista, impuso la Emergencia Social, las bases militares norteamericanas, está feriando la soberanía del país con los TLC, vinculación de civiles a la red de informantes, excesivas alzas en tarifas de servicios públicos, gasolina y canasta familiar. Rechazamos enérgicamente la propuesta para convertir a los estudiantes de Medellín en informantes del conflicto histórico de esa ciudad, por una bonificación mensual de cien mil pesos. Este laboratorio traerá consigo mayor violencia y descomposición social. También es absurdo pretender que, dotándolos de equipos de Avantel, convertiría a los 31 mil conductores de taxi en Cali en informantes, olvidándose de que los compañeros no tienen seguridad social y si sufren alguna retaliación por los actores de la violencia, dejan familias desamparadas. Como otro falso positivo está la inversión social de la Administración distrital para los problemas estructúrales de la ciudad y la privatización de lo público para favorecer a los gremios económicos amigos de su elección; reafirmar varios peajes en la ciudad, indefinidamente; el despojo de las playas, disfrazado de concesión; la entrega de los megacolegios a particulares; incremento de la tercerización en la Ese Cartagena; un nuevo impuesto disfrazado de revisión predial para 2010, que fue incrementado en la mayoría de los casos hasta en 200% y a veces más. La CUT ha dicho que el nuevo Gobierno y Congreso deben priorizar una política social verdadera, que fortalezca la educación, salud, vivienda, oferta de empleo, protección y desarrollo del aparato productivo, programas sociales para la buena utilización del tiempo libre, resocialización, cultura, deportes, bibliotecas abiertas, que alejen a los jóvenes de influencias para ser carne de cañón y blanco de violación a sus derechos, que es lo que se propicia con la “genialidad” de nuestros gobernantes. *CUT BOLÍVAR cutbolivar@gmail.com
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