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Hacia la regionalización

Es bien sabido que la Carta Política que entró en vigencia en 1991 fue resultado, en su conformación normativa, de incontables transacciones entre las distintas fuerzas políticas integrantes de la Asamblea Constituyente.

Lejos de contar con una espina dorsal que armonizara las distintas disposiciones, tal como ocurría con el estatuto de 1886, llegamos a un conjunto de cánones que no siempre se articulan bien entre sí. Pero, no es posible desconocer que en algunos aspectos conceptuales, y teniendo en cuenta los avances institucionales de terceros países, se lograron avances interesantes. Tal es el caso de la creación de las regiones, inspirándose en el marco constitucional español.
Las variables topográficas y la multiplicidad de pisos térmicos, la rica biodiversidad, el carácter triétnico de los pobladores, a la par de múltiples expresiones de cultura popular, le asignan a nuestro país un perfil singular que se manifiesta en la existencia de regiones geográficas y socialmente bien definidas. Es una realidad que afortunadamente se tuvo en cuenta al expedirse la Constitución del 91, tal como se señala en su artículo 286, que le abrió paso a las “regiones y provincias”, y los artículos 306 y 397, que le dieron vida al proceso de integración regional.
Sin duda ha llegado la hora de darle impulso al esquema de estructuración regional. Y como ocurre en tantos asuntos de interés público, lo que se requiere es voluntad política. En cuanto a la Costa Caribe, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, viene abogando de tiempo atrás por volver realidad esta perspectiva. En la reciente reunión de mandatarios departamentales, el asunto quedó planteado sobre el tapete. Se mencionó, inclusive, la posible creación de un Fondo de Compensación Regional.
Con la puesta en marcha de las cinco o seis regiones que son fácilmente identificables en nuestra nación, se facilitaría la conquista de numerosos objetivos de beneficio común. En la medida en que se aunaran esfuerzos, se racionalizaría el uso de recursos fiscales y se lograría una adecuada planificación del desarrollo provincial, llegándose a un punto de equilibrio en el progreso de las distintas comarcas de la geografía nacional.
Para el Litoral del Caribe, dada su vocación de progreso basada en la disponibilidad de cuantiosos recursos naturales y su privilegiada ubicación en nuestro hemisferio, la institucionalización regional abriría horizontes de mejoramiento económico y social. Más allá de la conservación de parcelas lugareñas de poder, se impone una visión de futuro. Es el desafío que encaran los gobernantes del territorio caribeño.

*Abogado Consultor en Minas e Hidrocarburos.

marcan2@etb.net.co

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