En el estado de Arizona (EE.UU.) se expidió una ley con la cual se pretende identificar, judicializar y deportar de su territorio a los inmigrantes ilegales. Desde su aprobación, han tenido lugar manifestaciones de protesta de las minorías afectadas, y la medida fue rechazada por el presidente Obama y por artistas y deportistas reconocidos. Pero también abundan las voces de respaldo: la iniciativa que entraría a regir en agosto tiene el apoyo del 70% de la población de Arizona, y legisladores de otros estados como Texas, California y Pensilvania presentarían normativas similares. En lo jurídico, la cláusula de supremacía –Articulo 6- de la Constitución de Filadelfia le impide a los estados de la unión tomar medidas que contravengan las leyes federales, y los jueces deben resolver cualquier conflicto entre normas territoriales y nacionales dándole aplicación preferente a éstas. Con la expedición de esa ley, el estado de Arizona adoptó una legislación que difiere de las normas federales, estableciendo un régimen sancionatorio –de tipo penal- mucho más gravoso que el previsto en las leyes expedidas por el Congreso de EE.UU., lo que hace pensar que las Cortes federales dejarán de aplicar esas preceptivas. Además, es discriminatoria la manera como se implementará la medida, por cuanto la ley ordena a la policía detener a quienes consideren “sospechosos” de ser inmigrantes ilegales, y al ser el 30% de la población del estado hispana, los agentes buscarán en ésta a los infractores, convirtiendo los rasgos étnicos y raciales y los patrones culturales latinoamericanos en criterios determinantes para identificar a los ilegales. La aplicación selectiva de la medida conducirá a que inmigrantes legales sean objeto de pesquisas e indagaciones injustas por su apariencia y fisonomía. El campo político puede ser menos alentador para los inmigrantes ilegales en EE.UU. La presión creciente de los estados fronterizos por endurecer las sanciones contra ellos hará que muy pronto se tramite una ley federal para reglamentar la política en ese ámbito, pero sin garantía de ser favorable a los indocumentados, por lo siguiente: (i) algunos congresistas pretenden excluirlos de los servicios de salud y educación, al considerar injusto que la población estadounidense tenga que pagar impuestos para subsidiarlos; (ii) la política de inmigración de EE.UU. se limitaría a legalizar a personas de países limítrofes, ante la imposibilidad de controlar la frontera; y (iii) es posible que los inmigrantes apetecidos sean aquellos de origen heterogéneo y multicultural, que cuenten con experiencia en algún oficio o trabajo técnico, lo cual privilegiaría la entrada de africanos y asiáticos en detrimento de la inmigración latina, la que para la población más conservadora, amenaza la identidad cultural anglosajona. Es probable que la ley que se expida combine la mano dura con la clemencia: restricciones fuertes en la frontera y deportación para inmigrantes recientes, y amnistía para quienes tengan familiares con papeles en regla o hijos nacidos en territorio de EE.UU. Por lo pronto extraña el silencio de los gobiernos latinoamericanos, ausentes en la defensa de los intereses de sus connacionales. *Abogado y Filósofo tiradojorge@hotmail.com
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