Ahora que ha empezado el examen de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la Ley del Referendo se preparan múltiples demandas tanto por todos los vicios de trámite que tuvo el proyecto en el Congreso como por los aspectos de fondo como el principio de igualdad o la ruptura del esquema constitucional que garantiza la independencia de los poderes en una verdadera democracia. Uno de los argumentos que con toda seguridad se va a presentar a la Corte para sustentar que el trámite fue viciado es el del cambio que hizo el Congreso del texto de la pregunta del referendo. Los casi cuatro millones de firmantes aprobaron el texto que permite la reelección de “quien haya ejercido” la presidencia por dos períodos, lo que significa que, de ser aprobado el referendo Uribe solo podría presentarse a una segunda reelección en el 2014. En la Cámara de Representantes se aprobó ese texto original, pero en el Senado las mayorías uribistas lo sustituyeron por la frase “quién haya sido elegido” para permitir la segunda reelección de Uribe en el 2010 en lugar del 2014. Luego el gobierno uso todo su poder de corrupción para comprar los votos necesarios en la comisión de conciliación y lograr que se aprobara la versión del Senado. De acuerdo a las constancias dejadas en las actas del Congreso el argumento que se presentará a la Corte incluye dos objeciones diferentes: de una parte la violación del reglamento del Congreso por haber aprobado el Senado una proposición que ya había sido negada de manera explícita en la Comisión primera de la Cámara (que el referendo fuera para la reelección en el 2010). De otra la falta de capacidad del Congreso para modificar el texto que fue presentado a los firmantes. Sobre el segundo aspecto hay un debate pues los defensores de la reelección inmediata sostienen que el Congreso no modificó sino que interpretó la voluntad de los firmantes, porque la verdadera intención de los promotores era permitir la segunda reelección en el 2010. Esta tesis se basa en una consideración subjetiva, y para probarla de manera definitiva sería necesario volver a preguntar a todos los millones de personas que firmaron. Sin embargo la lógica matemática enseña que para negar una proposición universal (como por ejemplo, “todos los firmantes querían la reelección en el 2010”) basta que no sea cierta para unos cuantos miembros del conjunto universal; más aún la proposición se invalida con un solo caso en que no sea cierta. La consecuencia jurídica de este principio lógico (y el derecho es fundamentalmente lógico) es que basta que unos cuantos de los firmantes del referendo (inclusive uno solo) declaren ante la Corte que su intención al firmar era apoyar la reelección pero en el 2014, para que se descalifique la tesis de que el Congreso al cambiar el texto del referendo solo interpretaba la voluntad de los firmantes. Si unos pocos rechazan esta tesis la única manera de demostrarla sería que la mayoría de los firmantes se volvieran a manifestarse apoyándola; es decir volver a recoger todas las firmas. Es muy probable que entre los cuatro millones de firmantes haya algunos que no están de acuerdo con la reelección inmediata. De hecho los congresistas de Cambio Radical así lo declararon públicamente. Lo que se necesita ahora es que alguno de ellos -cuya firma fueron validadas por la Registraduría- se atreva a declararlo ante la Corte para que se caiga toda la patraña de los supuestos intérpretes de la voluntad popular en el Congreso. No es fácil porque el gobierno presiona, chuza e intimida a quienes se le oponen, pero aún sin la linterna de Diógenes se puede encontrar algún valiente en Colombia. mcabrera@cabreraybedoya.com
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