Es innegable que la tecnología y el desarrollo de la libertad dentro de los sistemas democráticos modernos cambiaron rotundamente el papel de los medios de comunicación. Tanto, que hoy moldean profundamente las relaciones entre el pueblo y los actores del poder estatal; tienen la capacidad, por supuesto, de influir en todas las esferas sociales, políticas y, lo preocupante, judiciales. No son pocos los casos en los que el gran poder de los medios, como generador y transmisor de la vox populi, incide de manera directa en las decisiones de los jueces que, al adoptarla, prefieren curarse en salud antes que someterse al escarnio público por el impacto de su proveído, lo que genera injusticias reiteradas. El juez tiene que escoger entre una decisión popular y una legal y, como hombre, con temores y pasiones, muchas veces cede a la presión externa. La sociedad debe entender que la aspiración de los jueces en sus providencias no puede ser satisfacer el clamor popular a ciegas, o los intereses particulares, que en muchas ocasiones no se compadecen con la ley y la justicia. Los jueces sólo están sometidos, en un Estado Social de Derecho, a la ley (sin que se entienda como una apología a la exégesis), siendo su deber actuar con imparcialidad e independencia. La primera implica que el juez sea ajeno a los intereses de las partes; la segunda, que esté apartado de la influencia de cualquier sistema de poder, incluido el de los medios de comunicación. Casos recientes motivan estas letras, convencido de que en la mayoría de los casos, los jueces son sometidos a críticas injustas por cumplir con su deber indiscutible y loable de aplicar la ley. Vimos las notas de prensa en desacuerdo por decisiones donde se otorga libertad por vencimiento de términos a quienes la sociedad, sin conocimiento de la intimidad del caso, etiquetan como responsables de la expresión criminal que se les imputa, casos como el de la libertad por vencimiento de términos para iniciar el juicio por el asunto de los falsos positivos son un ejemplo. Pero, ¿qué más podría hacer un juez imparcial e independiente ante la realidad inexorable de haber transcurrido el término legal sin que se inicie el juicio? No queda otra salida que otorgar la libertad, aplicando la ley franca y responsablemente, sin reparar en el impacto social de la decisión, ni detenerse en las futuras consecuencias y críticas. Lo único necesario es la tranquilidad de conciencia sobre la legalidad de su providencia, porque como lo expresa Ferrajoli: “El juez, a diferencia de los órganos del poder legislativo y del ejecutivo, no debe representar mayorías ni minorías. Y el consenso del electorado no sólo no es necesario sino que puede incluso ser peligroso para el correcto ejercicio de sus funciones de averiguación de la verdad y de tutela de los derechos fundamentales de las personas juzgadas por él.” La imparcialidad e independencia dependen tanto de la madurez académica del fallador, como de su templanza moral, ya que deben ser un hábito en el juez, como lo dijo Carnelutti: “Un hombre, para ser juez, debería ser más que un hombre”. *Abogado, docente Corporación Universitaria Rafael Núñez, CURN. enriquedelrio1975@gmail.com
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