El fallo condenatorio del Coronel (R) Alfonso Plazas Vega, da pie para formular más de una cavilación sobre una decisión jurisprudencial llamada a dejar huella profunda en la vida nacional. Son reflexiones que deben estar enmarcadas por el concepto claro de ser Colombia un estado de derecho. Esto implica un tratamiento idéntico para quienes sean actores en el suceso objeto de una actuación judicial. Inicialmente se requiere claridad absoluta en el análisis del acontecimiento histórico. Veinticinco años han transcurrido desde el día en que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia por la fuerza. ¿Qué se pretendía? Hasta esa fecha, tales insurgentes habían realizado acciones intrépidas, buscando protagonismo ante la opinión ciudadana. La sustracción de la espada del Libertador Bolívar apuntó en tal dirección. Por el contrario, la incursión armada del 6 de noviembre de 1985 constituyó un vandalismo demencial. Según comprobación de público conocimiento, la financiación recibida de narcotraficantes conllevaba el compromiso de la destrucción de expedientes que se tramitaban contra capos de la droga. Y, adicionalmente, se perseguía la fractura institucional del país, con la pretensión final de un enjuiciamiento público al entonces presidente Belisario Betancur. Se trató de un acto terrorista, con violaciones innegables del orden constitucional y legal. ¿Cómo actuó el ejecutivo? En cumplimiento de su deber constitucional, el presidente Betancur y su gabinete ministerial pusieron en manos del mando militar la recuperación del Palacio. La situación planteada imponía la intervención de la fuerzas del orden con la severidad que las circunstancias demandaban. No se trataba de delincuentes menores, con quienes se dialogara en busca de una rendición eventual, sino de unos criminales que a sangre y fuego mataron a magistrados y personas visitantes a las instalaciones asaltadas, y pusieron en peligro el funcionamiento de las más elevadas instancias de la rama jurisdiccional. Producida la condena del Coronel Plazas Vega, que debe ser acatada y que será objeto de los recursos que la ley consagra, cabe una consideración de fondo. Los autores de la acción delictiva fueron amnistiados y muchos de ellos figuran en niveles encumbrados de la escena política nacional. Pero si se trata de esclarecer a fondo lo acontecido en la toma del Palacio de Justicia, hay una disyuntiva: se reversa la amnistía concedida a los cabecillas del M-19 y se les enjuicia, como ahora se hace con los militares que intervinieron para salvar nuestra democracia, o se promulga una ley de punto final, que ponga a unos y otros en situación idéntica. La crítica coyuntura, cuando son muchos los militares y policías judicializados por hechos como los del Palacio de Justicia, hace necesario considerar el restablecimiento pleno del fuero militar, ya prácticamente desaparecido. Naturalmente, referido dicho fuero a actuaciones propias de sus atribuciones y responsabilidades, y sin que queden cobijados delitos de lesa humanidad en que se pudieren incurrir. Sin dejar de lado los derechos civiles y garantías ciudadanas, los desempeños típicamente militares deberían ser del conocimiento de jueces y magistrados castrenses. *Abogado Consultor en Minas e Hidrocarburos Marcan2@etb.net.co
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