Justicia; ¿cojea y no llega?

Reitero mi acatamiento pleno a la institucionalidad de nuestra nación. No es un sesgo intelectual por ser profesional del derecho. Es la convicción absoluta de la significación que reviste la vigencia de nuestras instituciones, a cuya cabeza hay que situar a la justicia. Es el pivote sobre el cual gira el andamiaje democrático, soporte de las garantías ciudadanas. Dicho lo anterior, se vuelven explicables las preocupaciones que aparecen, cuando las cosas no marchan bien en el aparato jurisdiccional. Es lugar común la apreciación del hombre de la calle, en cuanto a que la justicia no sólo cojea sino que no llega. Porque es imposible desconocer las turbulencias que golpean al noble compromiso de impartir justicia. Al azar selecciono unos cuantos botones de muestra. El calvario del Contralmirante Gabriel Arango Bacci, preso desde hace más de un año y medio, confirma las fallas notables tanto en la parte de instrucción criminal como en lo que sigue. A partir de un recibo de dinero, con huella dactilar que ahora se comprueba fue falsificada, se montó un tinglado para enlodar el buen nombre de quien había sobresalido en el desempeño esmerado de sus funciones oficiales. ¿Qué hay detrás de este sainete, que es de esperar que la Corte Suprema de Justicia devele en la mejor forma, conocidos los pronunciamientos de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación? ¿Rivalidades de compañeros de armas, dado el previsible futuro de Arango Bacci? ¿Venganza mafiosa? ¿Líos de faldas, como maliciosamente se murmura en los mentideros? El alto tribunal tiene una oportunidad única, para demostrar que la justicia sí puede brillar aunque tarde tanto, perjudicándose tan injustificadamente el patrimonio moral de ciudadanos como el Contralmirante Arango Bacci. La parsimonia de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre el referendo reeleccionista, no reafirma su eficacia y eficiencia. Aunque es complejo, se debería tener en cuenta que es un asunto que afecta nuestra vida institucional. Igualmente es inexplicable la renuencia de la Corte Suprema de Justicia para definir la elección del Fiscal General de la Nación. El alto tribunal ha manifestado que considera “inviable” la terna. Al repasar el Capitulo 6, del Título VIII, de nuestra Carta Política y, específicamente, su Artículo 249, aparece claro que no es responsabilidad ni atribución de la Corte, calificar la idoneidad y, en general, el perfil de los candidatos seleccionados por el Jefe del Estado. Botones de muestra que afectan el respeto ciudadano por los más altos estrados judiciales. *Abogado Consultor en Minas e Hidrocarburos. marcan2@etb.net.co