La labor de vigilancia o de “policía electoral”, anunciada por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié, debe iniciarse cuanto antes en los departamentos del país para que las declaraciones del ilustre magistrado tengan credibilidad en una sociedad cada día más escéptica. Periodistas y columnistas de opinión, por ejemplo, comenzamos a denunciar, como sospechosas, las inversiones cuantiosas en publicidad por parte de muchos candidatos a corporaciones públicas, especialmente en departamentos que estuvieron bajo el dominio de la parapolítica. Si la financiación de la publicidad ya no proviene de los “paras”, ¿de dónde proviene ahora? ¿Quiénes son sus patrocinadores? ¿De dónde sale dinero tan abundante? La “policía electoral”, anunciada por el doctor Hincapié, puede darnos la respuesta si se lo propone. También, las unidades investigativas de nuestra prensa, que han destapado tantos entuertos en los últimos tiempos, pueden contribuir a esa tarea moralizadora. Bastará que periodistas independientes, acompañados de camarógrafos y peritos, recorran las ciudades capitales y los centros más poblados del país, para ver las dimensiones reales de la polución publicitaria. Su financiación deberá quedar claramente establecida y justificada, pues pueden tener origen en otras fuentes non sanctas, incluso de la propia administración pública, en donde algunos ordenadores del gasto tienen un concepto laxo del manejo del dinero de los contribuyentes. Ojalá que la oficina del Zar Anticorrupción de la Presidencia de la República se sume, igualmente, a esa tarea moralizadora, y obtenga de las autoridades regionales una colaboración eficaz. Cabe preguntar, sin embargo: ¿qué puede esperarse de los gobernadores y alcaldes, que a pesar de sus parentescos cercanos con candidatos al Senado de la República, no han renunciado a sus cargos? ¿Podrá deducirse imparcialidad frente a los otros aspirantes que no sean sus parientes? Uno espera que el CNE, en su prevención de los delitos contra el sufragio, considere si los candidatos al Senado, parientes de funcionarios investidos de poder civil y político, pueden ser inscritos por los partidos, y si con su inscripción se afecta el derecho fundamental de la igualdad, el cual, por su naturaleza, no admite excepciones. Pensamos que los policías electorales que designe el CNE no podrán hacer nada, pues quienes deben dirimir el conflicto son los propios magistrados que integran ese órgano del poder público. Con todo, los policías electorales sí pueden intervenir para investigar y conjurar hechos escandalosos, como el de un municipio de Córdoba donde se está permutando publicidad mural por el paz y salvo catastral de terratenientes y propietarios urbanos, para asegurar el voto en favor de los padrinos políticos del señor Alcalde. Entretanto, expresamos nuestra perplejidad, en lo que refiere a ese mismo Departamento, donde, pese a los escarmientos de la justicia, “los mismos siguen con las mismas”. Quienes no padecemos de ceguera moral, estamos emplazados a elegir un buen Congreso, porque la corrupción muestra nuevamente su rostro. “¡Hechos y no palabras!” para combatirla, doctor Hincapié, como diría mi buen amigo, Joaquín Franco Burgos, un cartagenero ilustre. *Ex congresista, ex ministro, ex embajador. edmundolopezg@hotmail.com
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