Con acatar parcialmente la sugerencia del Procurador de no transmitir por televisión los Consejos Comunitarios, el presidente Uribe envió dos mensajes. Uno, que es candidato para la segunda reelección; otro, que en esta campaña electoral no habrá igualdad ni garantías suficientes para los demás candidatos. El primer mensaje no sorprende, pues la famosa “encrucijada del alma” era una distracción para que el país pensara que no estaba decidido por la reelección, cuando ya se utilizaban todos los medios, inclusive los lícitos, para aprobar el referendo. Ya Giraldo hizo todas las trampas para conseguir las firmas y el Ministro Valencia, para que el Congreso aprobara la ley correspondiente; ya hay un concepto amañado del Procurador para cohonestar los vicios del proceso. Ahora trabajan con todo para conseguir la sentencia favorable de la Corte y están en plena campaña para comprar los votos para aprobarlo en las urnas. Contando con amplia financiación y el poder del Estado para la campaña por el sí, es muy probable que tendremos presidente candidato. El segundo mensaje es más sutil y paradójico. Con la aceptación tardía de solo una pequeña parte de la Ley de Garantías (no transmitir por TV algunos actos de campaña), se confirma que el candidato presidente lleva al menos dos meses incumpliendo esa Ley, y que incumplirá el resto por unos meses más, aumentando el desequilibrio y la desigualdad ante los otros candidatos, inclusive sus partidarios. En el mejor de los casos, los únicos límites del presidente candidato serían los de la Ley 996 del 2005 (Ley de Garantías Electorales). Pero desde su discusión en el Congreso se vio que era insuficiente y que las mayorías uribistas eliminaron las propuestas de un verdadero control al aparato estatal para favorecer al candidato presidente. El Procurador de la época solicitó a la Corte Constitucional que la devolviera al Congreso porque en varios artículos establecía un trato preferencial injustificado para el presidente candidato, y no establecía límites claros o sanciones adecuadas para usar los bienes del Estado a favor de su campaña. Por supuesto, esa Corte que había aprobado la reelección inmediata, en clara violación del principio constitucional de la igualdad como lo señaló el expresidente López Michelsen, no le hizo caso al Procurador y también declaró exequible la ley 996. La situación es peor, porque el presidente Uribe está en campaña y sin aceptar cumplir los límites escasos que impone la ley. Tan solo la no transmisión por TV de los consejos comunitarios, pero no ha suspendido la contratación pública, ni las vinculaciones a la nómina estatal, ni mucho garantiza el equilibrio informativo como también lo exige la Ley. Lanzó una campaña multimillonaria en la radio para publicitar las obras de Acción Social de la Presidencia. Como lo denunció Rafael Pardo, el presidente candidato tampoco ha dado la garantía principal: que no se sigan robando al Estado para financiar las campañas Presidencial y del Congreso, pues hay evidencias de que los candidatos uribistas reciben apoyo a través de convenios de Fonsecón o Acción Social y otras entidades públicas para adjudicar contratos a amigos de ellos, para que les financien las campañas. Siguiendo la tradición, la Ley de Garantías se obedece pero no se cumple. mcabrera@cabreraybedoya.com
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