El Presidente electo, Juan Manuel Santos, ha propuesto reformar la Constitución para que el Fiscal General de la Nación sea elegido por el Presidente de la República. Por su parte, la Comisión de Reforma Judicial recomendó modificar el mecanismo de elección para dar paso a uno en el cual el Presidente elija al Fiscal de una lista de seis candidatos elaborada por la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, además de haber causado polémica, ha reabierto el debate que tuvo lugar en la Constituyente del 91 acerca de si la Fiscalía debe hacer parte del aparato judicial o si debe extraerse de éste para insertarla en la rama ejecutiva del poder público. La reforma propuesta por Santos está respaldada en los siguientes argumentos: el ejecutivo es quien estructura y define la política criminal del Estado, y si la Fiscalía es uno de los órganos que la ejecuta e implementa, ésta debe estar adscrita al Gobierno, y el funcionario que la dirige debe ser designado por el Presidente de la República. Que al ser los fiscales quienes deciden qué casos ameritan ser llevados ante los jueces y qué conductas delictivas deben ser judicializadas (cuando aplican el principio de oportunidad), en la práctica estarían decidiendo las prioridades del Estado en la lucha contra el crimen. También arguyen los defensores de esa iniciativa, que si en el nuevo sistema penal acusatorio los fiscales fueron relevados de funciones judiciales, quedando a su cargo sólo la tarea de investigar los hechos y de acusar a los procesados, no se ve por qué la Fiscalía deba pertenecer al poder judicial. Ninguno de los argumentos planteados por los impulsores de la reforma es descabellado: en los sistemas penales adversariales puros, lo usual es tener un órgano acusador en la rama ejecutiva que busque llevar a los estrados judiciales las conductas delictivas que el gobierno de turno considere tienen mayor impacto negativo en la comunidad. En ese tipo de sistemas la tarea de los jueces es de alguna forma la de calificar el trabajo de los fiscales, condenando al acusado si encuentra que las pruebas aportadas por la Fiscalía demuestran su culpabilidad, o en su defecto absolverlo de los delitos que se le imputan. Sin embargo, hoy esta propuesta es inconveniente. La relación tensa del Gobierno con la Corte Suprema de Justicia, hará que las cabezas de la rama judicial interpreten la iniciativa como una reforma dirigida a restarle poder a la función jurisdiccional. No puede ignorarse que la Fiscalía General de la Nación es el ente judicial con más asignación presupuestal y mayor número de funcionarios. Si el Presidente electo insiste en adelantar esa reforma como una de sus primeras ejecutorias como gobernante, su propósito de recomponer las relaciones con el poder judicial podría frustrarse. Además, en un régimen presidencialista tan fuerte como el colombiano, subordinar la Fiscalía al poder presidencial puede traer consigo una acumulación de poder excesiva en cabeza del Presidente de la República, máxime si en Colombia es el Ejecutivo quien define la agenda legislativa. Lo pertinente es crear el Ministerio de Justicia para lograr una interlocución fluida con las altas Cortes y después dar el debate -con el concurso de éstas sobre la conveniencia o no de la reforma. *Abogado y Filósofo tiradojorge@hotmail.com
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