Hace ya algunos años, como resultado del éxito de la política de seguridad democrática, los colombianos, por lo menos una buena parte de ellos, creyeron que la solución a todos los males del país estribaba en derrotar a la guerrilla. Con habilidad, y con la sabiduría del gran predicador, el presidente Uribe supo vender el mensaje de que era posible alcanzar la paz solo matando guerrilleros, que la violencia más que un problema de justicia social era un problema de balas y fusiles. Con estas tesis todo se torno más fácil, los militares les ganaban las encuestas a la Iglesia, los niños desempolvaban el disfraz de policía, los mayores adelantaban cursos ultrarrápidos de reservista y las mujeres aprendían a disparar. Por la fuerza de los hechos, especialmente por el papel que jugaron los medios de comunicación, la brújula de la opinión viro definitivamente hacia la guerra. El pulso entre quienes creían que la búsqueda de la paz debía tener un componente social era difícil de sostener, sobre todo si los dueños de las fincas, sin zozobras, y sin mayores sacrificios, habían regresado a sus hatos, eso sí, en la dulce compañía de tanques de guerra y helicópteros oficiales. En consecuencia, ante semejantes resultados, ese coreado cuento de privilegiar la inversión social, como lo ordena la Constitución por gracia de nuestro Estado Social de Derecho, no dejaba de ser otro embeleco de “la izquierda terrorista” y de un grupo de “facineroso letrados”, de acuerdo a la información oficial. La estrategia era perfecta, la paz se podía conquistar sin costos ni sacrificios. Se trataba solo de eliminar al contendor para que todo volviera a ser color de rosa: regresarían los médicos a los hospitales, los desplazados a sus parcelas y los niños a sus escuelas. Pues, no. Lamento decirles que tanta dicha no es posible, pues la paz no es sólo el silenciamiento de los fusiles, porque la paz es esencialmente justicia social. Ahora, es cierto que si las guerrillas no existieran las cosas fueran sustancialmente diferentes, pero, aún así, no se podría dejar de insistir, como una prioridad de Estado, en mejorar las condiciones de vida de la gente, porque de lo contrario hacemos el juego inútil de cambiar una violencia por otra, la “ideológica” por la común. La misma que hoy cobra una fuerza inusitada en las principales ciudades del país. Cartagena, lamentablemente, no es la excepción, y la violencia que la recorre durante los últimos días parece un monstruo de mil cabezas. Se mata por todo y por nada. Se persigue y se asesina a mansalva. El pánico es evidente, la guerra que ocasionalmente libran el Ejército y la guerrilla en los campos colombianos, ahora con actores nuevos, y por otras causas, la sentimos más cerca de nosotros. El Gobierno distrital, que ostenta el poder de policía, tiene que buscar estrategias distintas a decir que en materia de seguridad estamos por encima de la media nacional. Es decir, que hay otros peor que nosotros. Y el comandante de la Policía, que tiene el mando y la responsabilidad operacional, tiene que recuperar la capacidad de reacción. No tengo dudas de las buenas intenciones que asisten a nuestras autoridades, pero como dice el refranero popular, de buenas intenciones se encuentra empedrado el camino al infierno. carcamoj1@yahoo.com
Comentarios ()