A los colombianos, desde temprana edad, se nos llama la atención sobre la presencia en nuestra geografía de dos océanos y la disponibilidad de abundantes recursos hídricos, representados por ríos, ciénagas y otros cuerpos de agua. Un señalamiento que probablemente más tenía de enunciado poético, que de perspectiva real de riqueza. La situación es diferente cuando recordamos que nuestros dos litorales suman cerca de 3.240 kilómetros y que el área marítima jurisdiccional tiene una superficie de 880.376 kilómetros cuadrados, equivalentes a un poco más del 77% del territorio continental. Esto nos hace cavilar, sobre lo que el entorno marítimo significa, como potencial de riqueza pesquera. El devenir histórico de nuestra nación, con acentuado sesgo mediterráneo, ha originado a través de los tiempos el poco interés por los recursos pesqueros. Las faenas pesqueras se han caracterizado por ser, en alto porcentaje, de carácter artesanal. Como medio de subsistencia para incontables familias que habitan en cercanías de nuestros mares y en condiciones de auténtica pobreza. La realidad ha sido y sigue siendo que flotas de distintas banderas incursionan en nuestras aguas o en las aguas internacionales aledañas, para la captura de nuestros recursos de pesca. Lo antes dicho se traduce en que frente a una producción pesquera colombiana del orden de 200.000 toneladas anuales, Chile extrae más de un millón de toneladas y el Perú entre cinco y seis millones de toneladas al año. Sobran mayores comentarios, pero sí salta a la vista la necesidad y conveniencia de impulsar una actividad, que tendría tanta significación en los más diversos aspectos sociales y económicos. Casi está por demás relievar lo que los recursos pesqueros proporcionan, como fuente de proteínas para el ser humano, como perspectiva de creación de puestos de trabajo, como expectativa de generación de divisas y, en fin, como alternativa confiable para apalancar el progreso material y el bienestar humano. ¿Qué se está requiriendo? A partir de una clara decisión política, un paso inicial seria la formulación de un plan de desarrollo sectorial, que le fije pautas al estamento gubernamental y al empresariado particular, para promover seriamente una labor productiva llamada a jalonar progreso, para comarcas que hoy en día sobreviven en medio del atraso cultural y económico. A lo anterior habría que sumar la actualización de las normas incorporadas en la ley 13 de 1990, como estatuto regulador de las faenas de pesca. Una política pública para el sector pesquero, como política de Estado, más allá del gobierno de turno. Sonaría a perogrullada destacar la importancia que tendría para la Costa Caribe, una política oficial bien concebida y mejor ejecutada, que le imprimiera renovados bríos a la actividad pesquera. Ahora, cuando se debate el nuevo rumbo que debería ir trazándose para el aparato productivo del país, especialmente para su industria manufacturera, dada la competencia de naciones que nos aventajan con bajos costos de producción, y que se plantea el compromiso de generar más empleos, la luz debería encenderse sobre el sector pesquero. Un valioso tema de reflexión para los responsables de los destinos de las provincias caribeñas. *Abogado Consultor en Minas e Hidrocarburos. marcan2@etb.net.co
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