La política y el derecho

Se pregona de los servidores públicos la prohibición de participar abiertamente en campañas políticas. Esta normatividad fue desconocida por el Jefe de Estado. Aprovechó todos sus actos de gobierno para hacer campaña. Aun después de la inconstitucionalidad del referendo, permitió a sus correligionarios utilizar su imagen, hizo notable su respaldo a candidatos y atacó a la oposición como receptora de apoyos de países extranjeros. Tardíamente, el “Absolvedor” General de la Nación conminó a la Comisión de “Absoluciones” del Congreso para la investigación disciplinaria por estas irregularidades, cuando ya es un hecho causado. Caso similar ocurre en la rama judicial, cuya participación política hace dudar de su autonomía e independencia. Hace muy pocos años, como resultado del Frente Nacional, era regla de oro la paridad política en el nombramiento de los servidores judiciales. Con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley del referendo, los vaticinios oscilaban entre los votos a favor de los magistrados uribistas, por convicciones políticas; y los votos en contra de los magistrados, no tanto independientes sino antiuribistas, seguramente con mejores argumentos en derecho. Esta articulación política es pública y se hizo evidente cuando siete magistrados, luego de un sesudo análisis jurídico, fallaron en derecho, señalando irregularidades que exigen la competencia del derecho penal. Contrario a derecho, dos magistrados tuvieron el cinismo de apartarse del orden jurídico por solidaridad con el mentor y artífice de sus nombramientos. Antepusieron su lealtad burocrática, a los dictados de la juridicidad. Salvaron su voto por convicción política y partidista. Por fortuna, esta crucial decisión para la democracia y la paz encontró una mayoría en la Corte, respetuosa del derecho. Días antes, el Procurador consideró que tales falencias eran nimiedades o errores subsanables. Todos sus argumentos fueron rebatidos por la Corte. Se le olvidó el derecho al Procurador y su concepto fue netamente político. Con el mismo fin, ya no en abierto respaldo al gobierno, sino subrepticiamente, utilizó su poder contra la oposición, inventando presunta vinculación de sus miembros al movimiento insurgente. Hay que ser demasiado cínico para continuar en un cargo de tamaña importancia para la vida jurídica del país. Estos servidores demostraron, o que no saben de derecho o que su misión es defender sus intereses ideológicos. Por cualquiera de las razones, no deberían fungir tan elevadas posiciones. Trastocaron su función jurídica para servir ramplonamente a la política. Igual ocurre con el actual Consejo Superior de la Judicatura y su Sala Disciplinaria. Viene tirando por la borda el trabajo serio y responsable de la Corte Suprema, prestándose por vía de tutela a la exoneración penal de los amigos del Gobierno condenados por parapolítica. Para quienes aún creen que las decisiones judiciales no pasan por el tamiz de las convicciones ideológicas, intereses políticos, amiguismos, clientelismo y tráfico de influencias, estos hechos son una muestra palpable de que la justicia no siempre se decide en derecho y algunas veces lo hace exclusivamente por los intereses políticos del régimen. *CUT Bolívar cutbolivar@gmail.com