Una grave responsabilidad le cabe a la sociedad civil ante las próximas elecciones legislativas. En un país amenazado por la corrupción y dominado por el escepticismo de un pueblo que ha visto marchitarse los sueños, los electores tienen el deber de escoger con plena responsabilidad antes de comprometer su respaldo a los candidatos que brotan de todos los rincones. Y, aunque parezca imposible, de las mismas celdas carcelarias. La mayoría de ellos no tiene conocimientos, siquiera aproximados, de la responsabilidad que trata de asumir. La opinión pública indiscriminada, a la que se la concedido mágica sabiduría, hasta el punto de convertir en verdad sacramental el viejo y gastado aforismo según el cual “el pueblo no se equivoca”, ha sido ejemplo de desacierto y de confusión. No hay ningún motivo de fondo para insistir en la tesis de que “la mayoría tiene la razón”. Por el sólo hecho de serlo, no. Mil veces no. Aunque esta negativa rotunda puede ser tildada de reaccionaria, la práctica ha demostrado, aun con aristas dolorosas, que el abuso de las “consultas populares” sólo conduce a manipulaciones dirigidas por los profesionales del populismo y por la explotación de las necesidades primarias de la población menos favorecida. Nadie ignora que las elecciones locales son, en gran parte, orquestadas por los eternos barones electorales, duchos en comprar apoyos y conciencias. Y a ninguno, con sano criterio, le cabe en la cabeza que la reacción emocional de una masa primaria, que muchas veces desconoce hasta la capacidad y la procedencia de los candidatos, pueda escoger con garantía de acierto lo que más conviene a la ciudad o al departamento. Simplemente porque hay que aceptar, “a priori”, la tesis de la presunta sabiduría de las multitudes. Para que se cumpla a plenitud la celebrada frase de Lincoln en Gettysburg sobre el gobierno del “pueblo”, se requiere capacidad de reflexión, madurez de juicio y plena libertad de acción y discernimiento. Es decir, un mínimo de “cultura política” que resguarde las instituciones del influjo deletéreo de los conventículos y del sórdido reparto de favores y lisonjas. El pasado reciente es pródigo en casos sonoros de irresponsabilidad sin medida. Se habla continuamente de la impunidad derivada de la justicia lenta o discriminada. Y se brindan estadísticas que escandalizan. La realidad es inquietante. Pero hay una impunidad aún mayor que la de las ramas judiciales. Es la ofrecida por la incapacidad de reacción de la opinión pública ante el delito manifiesto. No existe la sanción moral ni social impuesta por la comunidad. El pueblo no castiga la corruptela. Y el país asiste a la absolución de los culpables a través del veredicto de las urnas. A los condenados o a los sorprendidos en flagrancia no se les cobran sus faltas. Por el contrario. Se les limpia y bendice con el voto popular, ya de manera directa o a través de sus esposas o hermanos o amigos incondicionales. En tales condiciones, no se puede enmendar la corrupción política y social. Mientras la sociedad no rectifique la ruta equivocada será imposible volver por la restauración ética de la república. Y, menos aún, se podrá seguir hablando de que “la voz del pueblo es la voz de Dios”. ¡No seamos pendejos! *Ex congresista, ex embajador, miembro de las Academias de Historia de Cartagena y Bogotá, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. academiadlhcartagena@hotmail.com
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