La ruta de Justiniano

En 1991 la opinión pública colombiana quedó con la impresión de que la Justicia, gracias al modelo que se consagró en la Constitución de ese año, no necesitaría reformas por mucho tiempo. Con la creación del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, y con el establecimiento de la tutela, las acciones populares y las de cumplimiento, un cambio en el ritmo y el rendimiento de la Rama Judicial zafaría escollos y acercaría a jueces y usuarios. El modelo 91 quedó consolidado con la expedición de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, pero los celos de protagonismo entre corporaciones y entre éstas y el Gobierno generaron los choques que comenzaron a obstaculizar la independencia con colaboración armónica. Ni la progenitora de Montesquieu salvó su honra de la zafacoca de todos contra el Consejo Superior y del Consejo Superior contra los ministros de Justicia y Hacienda posteriores a Fernando Carrillo y a Rudolf Hommes. Ante esos asaltos boxísticos sin árbitro ni campana que sonara, reapareció el sarpullido reformista en la administración Pastrana, continuó en la de Uribe y despuntó temprano en la de Santos. Por ahora hay coqueteos del Presidente y Vargas Lleras con los magistrados, y mucha miel en las promesas de que las cosas se harán de acuerdo con las Cortes, sin guerra de poderes. Sin embargo, ya veremos qué ocurrirá cuando brille la hoja del cuchillo que trozaría pedazos de la estructura vigente. Toda organización institucional es susceptible de ser modificada, pero las modificaciones no siempre garantizan mejoría en su funcionamiento. Es muy sencillo: los problemas no obedecen, en cada crisis, a desajustes en el orden jurídico sino al ejercicio equivocado de las atribuciones constitucionales de los funcionarios de una rama u otra, o a la pretensión de invadir competencias ajenas. Esos problemas sobrevienen y se agravan por fallas en la condición humana. Si se reformare el Consejo Superior de la Judicatura para que los presidentes de las dos cortes y el del Consejo de Estado sean la junta directiva de un gerente candidatizado por uno de los gamonales del Congreso, el Apocalipsis de la Justicia no tardaría. Un presupuesto de un billón ochocientos mil millones de pesos, y una planta de personal de 25.000 cargos son, para un barón electoral, dos balotos enteritos, con una ñapa jugosa como la administración del mapa judicial. En retroceso también se camina –dirán los reformadores– con tal de que se aplique el aserto aristotélico según el cual los jerarcas que rigen la República tienen algún derecho de posesión sobre sus piezas claves. Si el proyecto que elaboró la comisión presidida por el ex magistrado José Alejandro Bonivento no tuvo boni vento ni bona mare en el nuevo Gobierno, lo aconsejable es repensar el modelo, mejorarle lo indispensable con normas eficaces e insuflarle calidad humana e intelectual a las jurisdicciones, sus magistrados y sus jueces, sin quitarles mando para transferírselo a un palafrenero político que se adueñaría, en asocio de su jefe externo, del aparato judicial. No sería un engendro de tales características el que cubra la ruta de Justiniano que el Presidente y el Ministro le ofrecen al país con su iniciativa. *Columnista y profesor universitario carvibus@yahoo.es