Hace poco más de un año publicamos la columna “Importancia de la tutela”, para exaltar las virtudes de esta acción constitucional en la protección del derecho a la salud de los colombianos, que gracias a la sentencia hito de la Corte Constitucional del 31 de julio de 2008 –T 760- es considerada directamente fundamental por constituir, a la larga, una faceta de la vida digna. Expusimos entonces las ventajas de nuestro servicio de salud sobre el de los Estados Unidos, ya que el local, a pesar de sus imperfecciones, era garantizado relativamente por al amparo de tutela, que no en vano, en unas 90.000 oportunidades anuales, en promedio, resultó útil para que los ciudadanos del común pudieran, al menos, aproximarse a este servicio público de manera oportuna, eficaz y con algo de calidad. Hoy el panorama es otro y tiende a parecerse al norteamericano, el dolor de cabeza del presidente Obama. Desde que Richard Nixon dio origen en 1971 -en contubernio con el Congreso- al sistema privatizado de salud que sustituyó al sanitario público mediante la expedición de la “ley de salud gestionada” (manager care), pareciera que “todos los incentivos estuvieran dirigidos al menor cuidado médico posible”, según palabras pronunciadas por el entonces consejero non sancto John Ehrlichman a su Presidente Nixon, como quedó expuesto en las grabaciones mostradas en la cinta de 2007, “Sicko”, de Michael Moore, una crítica mordaz a las promotoras de salud de su país, que conviene ver con atención en virtud del carácter premonitorio de lo que podría suceder en muy poco tiempo en el país y cuya síntesis es consultable en http://es.wikipedia.org/wiki/Sicko. La declaratoria del Estado de emergencia social y la expedición de los decretos con los que el Gobierno nacional pretende conjurar una crisis de la salud que se anunciaba a gritos desde hace años, nos perjudica a todos, y ya se empiezan a notar sus efectos: a quienes trajinamos a diario en las lides jurídicas nos consta cómo a pesar de la tutela se hace ahora más difícil acceder a los paliativos médicos elementales para mantener, a lo menos, una vida acorde con la dignidad humana. La prevalencia natural de la intervención médica urgente sucumbirá ante la influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos –léase burocracia-, como si el riesgo inminente de la vida diera tregua para el papeleo y la rigidez procedimental. Ordenar que el manejo médico por especialistas solo sea permitido cuando se cuente con “la evidencia científica”, la aprobación del “comité técnico” respectivo y “no resulten afectados los costos del sistema de salud”, -así lo consagra el Decreto 131 de 2010- lo deja entrever. El sistema de salud está en crisis económica por una génesis de espaldas a la realidad social y económica, mal planificada y por una orfandad de estudios prospectivos, pero pensar en tratar de solventarlo a costa de su razón de ser -los pacientes- no es más que un exabrupto cuyo ajuste a la Carta Magna se encuentra -afortunadamente- en manos de la Corte Constitucional que, seguramente, declarará violatorias del bloque de constitucionalidad las decisiones ignominiosas emanadas de la emergencia social. *Abogado. Director del Consultorio Jurídico de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena. ckafury@gmail.com
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