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La salud y la Corte

La presencia en Colombia de la medicina prepagada a finales del siglo pasado impactó en forma negativa en la Salud, los pacientes y los médicos.

Esa modalidad comercial fue copiada de esquemas neoliberales que propiciaron la apertura, desmesurada, hacia el mercado en detrimento de los pacientes y de la profesión médica.
La Ley 100 de 1993 permitió que una serie de intermediarios se lucraran con la salud. La norma fue impulsada por congresistas neoliberales y los grupos financieros incrustados en los entes de la salud. Según sus promotores la finalidad era dar cobertura en salud al ciento por ciento de los colombianos en los siguientes 10 años. Sin embargo, a los intermediarios sólo les interesaba apoderase de la Seguridad Social como un filón explotable. Y a fe que lo lograron.
La Salud colapsó durante este Gobierno; el cierre de hospitales universitarios y la voracidad de los corruptos favorecieron el déficit en razón a la ineficacia del Ministro de la Protección Social, así como el absurdo uso del Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA) en TES para tapar el hueco fiscal. Hechos que ocurrieron en los últimos ocho años y por tanto no se justifica, como lo pregonan en las esferas gubernamentales la declaración de la Emergencia Social. La crisis en la salud no fue un fenómeno nuevo, por el contrario se instaló como un tumor maligno de manera insidiosa.
La Emergencia Social y la serie de decretos basados en la misma deben pasar al análisis de constitucionalidad en la Corte Constitucional, que deberá ser coherente con sus sentencias anteriores, en las cuales el alto tribunal reafirmó que la Salud es un Derecho fundamental. En la sentencia C-760 del 2008 se protegió la vigencia del POS en beneficio de los pacientes, en ese mismo fallo se afirmó que todos los colombianos debían tener cobertura en salud antes del mes de enero de 2010.
En el Decreto 128, de la Emergencia, se mutila la atención médica en el llamado no POS, y se abre un nuevo capítulo denominado "Prestaciones excepcionales en salud", en este último el paciente pagaría los servicios de acuerdo con su capacidad económica. Además se agrega, sin el más mínimo rubor, violar la normatividad en relación con las cesantías cuando se sugiere “que se recurra a ellas o a sus ahorros” incluso a “créditos blandos” para pagar los servicios. ¿Estos deben ser aprobados por un comité técnico?
De esa manera la atención médica quedaría reducida, al tenor de los decretos, a un nivel de "baja complejidad” en medicina y odontología, desconociendo los distintos niveles. Se ofrece al enfermo la medicina general, pero sin posibilidad de investigar una patología más compleja que debe ser del resorte de la medicina especializada. De contera los médicos deben someterse a directrices que los inhabilitan para tomar decisiones de carácter terapéutico. Finalmente les amenazan con multas y demandas que los obligarían a situarse como testigos maniatados ante los enfermos.
Definitivamente queda en manos de la Corte Constitucional que la salud cobije en igualdad a todos los colombianos. Eso esperan los pacientes y los médicos de Colombia.

*Médico Cardiólogo. Ex Director de El Universal. Académico de Número de la Academia Nacional de Medicina, de la de Cartagena y de la de Historia.

MOROND@telecom.com.co

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Comentarios

Estamos ante el mayor

Estamos ante el mayor retroceso en salud que ha tenido Colombia.

buena dr moron!!

buena dr moron!!

Pero tambien es necesario

Pero tambien es necesario poner en practica el juramento Hipocratico.Porque tambien nuestro problema es de hombres.La clase dirigente de nuestra Colombia le ha hecho mucho mal a nuestro Pais.

Pero tambien es necesario

Pero tambien es necesario poner en practica el juramento Hipocratico.Porque tambien nuestro problema es de hombres.La clase dirigente de nuestra Colombia le ha hecho mucho mal a nuestro Pais.