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Las agendas ocultas

El buen marido cachón suele ser el último en enterarse. A la opinión pública le pasa algo similar con los contratos de obras públicas: algunas concesiones tienen una agenda visible y se puede inferir, más o menos, el alcance de cada proyecto; pero otras tienen una agenda “oculta”, salvo para un grupo reducido de particulares interesados, mientras la mayoría no se entera, como el susodicho cornúpeta.

La carretera de Barú, y para allá va el megaaeropuerto, es un buen ejemplo. Esta semana, el director del Departamento de Valorización Distrital (DAVD) por fin rompió su silencio sobre ese entuerto: “las obras de construcción continúan semiparalizadas… sólo se ha avanzado un 6%... en la actualidad se realizan mesas de trabajo para bajar los costos de la obra sin perder estándares de calidad y funcionalidad para la carretera… con el concurso de los concesionarios hemos mirado las posibilidades que se construya un puente en Pasacaballos (¡saltó la liebre (El Universal, agosto 4/09).
El poco avance se debe a que el contratista ya se gastó los anticipos y hasta tanto las tales “mesas de trabajo” no ajusten el costo, ni el DAVD haga un nuevo riegue que corrija el exabrupto del anterior, seguirá parado con el “taxímetro” prendido. Lo único visible es que aquella carretera de $32.000 millones, con especificaciones adecuadas para un tráfico liviano, coherente con el desarrollo urbanístico ecológico de Barú que obliga el POT (y desea la mayoría), ¡no va más!
El DAVD debe explicar si es justo y legal cobrar el doble del valor original para pagar “algunos cambios” (mayores especificaciones) que den viabilidad financiera al puente (mayor tráfico), que no era parte del proyecto y nunca fue acordado con los usuarios que pagarán la obra, como obliga la Ley. Además, si habría un eventual “enriquecimiento ilícito” para quien construya el puente por concesión de peajes y al parecer sin licitación, dado que se haría “con el concurso de los (actuales) concesionarios”.
Es extraño que el DAVD siga en silencio (quién calla otorga) sobre el riegue, tan duramente cuestionado por Fonade, baruleros y propietarios afectados, que hizo un asesor experto traído de Medellín, por sugerencia del grupo económico con más tierra y mayor potencial de desarrollo en la isla; a la postre, el más privilegiado con un riegue absurdamente bajo ($4 a $7 millones por hectárea) mientras sus vecinos pagarán $70 millones/Ha y predios con menor potencial $36 millones/Ha. El DAVD debe destapar esta irregularidad evidente y protuberante.
Para evitar la amnesia colectiva recordemos que el cambio arbitrario en el “uso del suelo” de Barú, que permitió las agendas ocultas del puente y la vía para tráfico pesado, no sólo turístico, sino industrial liviano y portuario, se dio en octubre de 2007, gracias a facultades que otorgó el Concejo a Curi para “manosear” el POT. ¡Ningún concejal citó a esa administración para hacer “control político”!
Tampoco olvidemos que en 2010 habrá un nuevo POT y una infalible Ley de Murphy podría regir el destino de Barú, si no reaccionamos ya: “cuando algo va mal es porque va a empeorar”.

*Ingeniero Civil, Máster en Administración y Finanzas, directivo empresarial, gremial e institucional (Juntas Directivas de Andi, Cámara de Comercio, Fundación Mamonal, Empresarios por la Educación, Universidad Tecnológica de Bolívar, Funcicar, Comfenalco, Transcaribe etc.).

restrepojaimea@gmail.com

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