Las chuzadas y la ley

No estoy seguro de cuál va a ser el resultado del último escándalo de las chuzadas ni tampoco de que las órdenes para hacerlas salieron de la Casa de Nariño. Es probable que nunca lleguemos a saber con certeza absoluta el origen o la autoridad que concibió tal empresa criminal, pese a los muchos indicios que llevan a la conclusión de que un funcionario medio no tomaría, en sus cinco sentidos, tamaña decisión ni podría haberla ejecutado con la impunidad con la que lo hicieron durante años. Al margen de esta discusión que ocupará las primeras páginas de los periódicos y ofrecerá material para la radio y la televisión, al menos hasta que estalle otro escándalo de proporciones parecidas, comparto con mis lectores las siguientes reflexiones: Primera, las denuncias y hallazgos sobre chuzadas en este gobierno llevan ya varios años. Lo que es noticia ahora son las nuevas evidencias que parecieran apuntar a que se ordenaron por altos funcionarios del Gobierno central. Lo inconcebible, en todo caso, es que después de años de comprobarse la existencia de esta práctica criminal el único comentario del Ministro del Interior sea decir que en la Casa de Nariño nadie sabía nada de lo que estaba pasando. Segunda, las chuzadas son una prueba más, otra punta del iceberg que sale a flote para indicarnos cuán profunda y voluminosa es la corrupción, de la criminalidad y el irrespeto a la ley en Colombia. Espionaje telefónico a magistrados de la Corte Suprema, a candidatos a la presidencia de la República, a periodistas, a familiares de políticos, con fines perversos y oscuros. Falsos positivos, por otra parte. ¿Qué más nos falta? Asesinar a jóvenes inocentes y espiar la vida privada de los otros son dos de las manifestaciones extremas del abuso extremo del poder. Tercera, insisto en lo que he dicho en otras columnas: nada del estado de Colombia merece ser festejado. Vergüenza debería darnos en vez de continuar con el cínico discurso de los éxitos y de la prosperidad. Produce honda preocupación nuestro estado moral, la degradación de nuestra cultura política, que predica que el país va muy bien, sólo porque suben los índices de inversión y bajan los de la inflación, y porque para poder transitar por las carreteras nacionales nos hemos convertido en el país de América Latina que más invierte, en términos relativos, en las fuerzas armadas. Cuarta, razón no le falta al profesor Mockus al poner uno de los acentos de la crisis profunda de la vida social colombiana en la arraigada tradición de violar la ley que compartimos los colombianos. Y no hablo sólo de los más pobres. Me refiero también a empresarios y profesionales. Hombres de negocio que se enriquecen con especulaciones que ponen a su servicio, de múltiples maneras y con total descaro, el poder del Estado, roban tierras baldías, sobornan a funcionarios públicos y elevan artificialmente el valor de las obras públicas, etc. Miles y miles de profesionales que sólo aspiran a tener un puesto público para enriquecerse, y lo peor, lo logran. Entre más alto es el nivel de violación de la ley con impunidad, más alta es la inoperancia del sistema democrático. Una cultura, como la nuestra, en la que se premia la trampa, tiene que llevar, inevitablemente, a los excesos que hoy nos asustan. *Historiador. Profesor de la Universidad de Cartagena. alfonsomunera55@hotmail.com