El gobierno entrante tendrá poco margen de maniobra; sólo el giro de tres cheques (del Sistema General de Participación, las mesadas pensionales y los intereses de la deuda), le significarán el 13,1% del PIB en 2010, mientras que los impuestos que se esperan recaudar apenas si llegarán al 13.4% del PIB. El desfase entre ingresos corrientes y gasto público crece, superando los 6 puntos del PIB. Mientras los ingresos crecieron 2,8% los gastos lo hicieron 13,6%. Y los compromisos enormes de la Administración, amarrando vigencias futuras en más de $26 billones, terminarán de maniatar al nuevo jefe de estado. Consciente de ello, el Presidente se puso la venda antes de la herida, advirtiéndole a su sucesor que le dejará “deudas que son compromiso del alma con mis compatriotas”. Como lo afirma el ex director del DNP, Armando Montenegro, “una vez un proyecto es bautizado como “estratégico”, por arte de magia, el gobierno puede a través de vigencias futuras gastarse a chorros la plata de sus sucesores”. Así, “el próximo gobierno quedará en el peor de los mundos: sin plata, no podrá inaugurar obras y lo peor, tendrá que renegociar y reestructurar esos proyectos aprobados por el CONPES…; sin ningún filtro técnico independiente de la voluntad alegre” del ministro de turno. Entre 2008 y 2009, al abrigo de la nueva Ley 1150 de contratación administrativa, el CONPES aprobó renegociaciones para 34 contratos. La razón, según Francisco Azuero: “los documentos CONPES correspondientes no presentan de manera suficiente la justificación y condiciones de dichas negociaciones”. Esta es una fuente permanente de gastos contingentes del gobierno y constituye un monumento a la incuria, la improvidencia la improvisación oficial. ¡Esto es una barbaridad! Así, se impone un ajuste fiscal, sobre el que hay consenso, pero enormes diferencias en cómo abordarlo, aunque sólo hay sino cuatro caminos: recorte del gasto, mayor endeudamiento público y mayor recaudo de impuestos, o una combinación de los tres. Recortar gasto está limitado por sus inflexibilidades, más acentuadas merced a las vigencias futuras, amén del freno al crecimiento del PIB como efecto colateral. En cuanto a la deuda pública, se incrementó en más de $40 billones (¡8 puntos porcentuales del PIB!) entre 2007 y 2009. Con un coeficiente del 38.1% del PIB de endeudamiento público, la nación está en límite de su capacidad de endeudamiento, umbral (del 40% del PIB) que de traspasarse, arriesgaría la sostenibilidad de su deuda pública y la estabilidad económica. A pesar de sus denonados esfuerzos para lograrlo, una de las grandes frustraciones de este gobierno fue no obtener la calificación inversionista de su deuda, como lo lograron Chile, Perú, Brasil y hasta Panamá, lo cual encarece su deuda y da una pésima señal para los inversionistas externos. Si el próximo se endeudara más, si es deuda externa, contribuiría a una mayor revaluación del peso frente al dólar, con la presión adicional sobre el tipo de cambio; y si es endeudamiento interno, la presión sobre las tasas de interés perjudicaría la inversión y el consumo privado. Ambos caminos son nocivos. La opción menos mala es la de aumentar el recaudo de impuestos; en ello hay consenso, pero diferencias en cómo lograrlo. amylkaracostamedina@gmail.com Amylkaracosta.net
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