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Las finanzas de las reformas

Las reformas que propone Santos -de la Justicia, Comisión de Televisión, y la creación de más ministerios- tienen un componente económico y financiero que puede ser secundario ante sus aspectos sustanciales, pero que no puede quedar de lado, porque la sociedad tiene derecho a saber el costo-beneficio de sus instituciones.

El caso menos controvertido es el de la Comisión Nacional de Televisión. Su presupuesto de gastos para este año es de $166.000 millones: $115.000 millones para gastos de personal y funcionamiento, mientras que a inversión solo dedica 30%.
Nadie cuestiona la importancia de tener bien regulado y supervisado un servicio público de tanta influencia como la televisión; tampoco la necesidad de contar con algunos canales de televisión pública de excelente calidad como alternativas a los goles, balas y tetas de los canales privados.
¿La CNTV está logrando estos objetivos de manera eficiente con los multimillonarios recursos a su disposición? La respuesta del Gobierno es negativa: la CNTV está politizada, burocratizada y es ineficiente. Por eso la opinión pública aprueba su eliminación. Es importante que la entidad que la reemplace no tenga los mismos vicios y ofrezca una buena televisión pública.
Un caso contrario es el de la separación de los ministerios de Protección Social, Interior, y Justicia y Medio Ambiente. Uno de los argumentos del ex-presidente Uribe para justificar el gran error de fusionarlos fue racionalizar la administración pública y generar un ahorro fiscal por la reducción de personal y de costos de funcionamiento.
Sin embargo, como lo muestra la exposición de motivos del proyecto de separación, los gastos reales de los ministerios fusionados en 2010 son 5% superiores a cuando estaban separados en 2002. Nos quedamos con el pecado y sin el género, porque se deterioró la administración pública en estos sectores, y se gastó más.
Es interesante la explicación de este Gobierno al incremento de gastos: fue “por los constantes requerimientos de las entidades orientados a ensanchar sus plantas con base en las nuevas obligaciones y compromisos adquiridos como consecuencia de la intensa agenda legislativa promovida por el Gobierno” (léase búsqueda de la segunda reelección).
La reforma a la Justicia, aunque aplazada, también merece el análisis de costo beneficio: la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Como la CNTV, tiene funciones de gran importancia: la disciplinaria y la administración del presupuesto enorme de la rama judicial. Pero, además de las críticas por su politización y supuestos casos de corrupción, ¿es eficiente?
El presupuesto de gastos del CSJ es enorme: este año los magistrados tienen $134.000 millones para funcionamiento y $152.000 millones para inversión, que en conjunto son 16% del total de recursos de la rama judicial. ¿Se invierte bien ese dinero? ¿Se justifican los gastos multimillonarios de funcionamiento?
El esquema gerencial de la sala administrativa del CSJ es ineficiente. Son 18 magistrados (6 principales y 12 auxiliares) y 8 unidades administrativas; pero además, se duplican las funciones con una Dirección Ejecutiva de administración judicial que tiene 6 unidades más, y esta duplicación se repite en todas las seccionales.
Una justicia pronta y cumplida requiere una gerencia profesional y eficiente.

macabrera99@hotmail.com

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