Debemos celebrar con sincero entusiasmo la noticia de que, al fin, el desorden alucinante de las playas ha sido colocado en el tapete, como asunto prioritario, por el presidente Uribe y las autoridades que cuentan, en este caso, con la colaboración valiosa de la empresa privada. El asunto no podía continuar siendo ignorado, pues ya alcanza ribetes de asqueante intensidad. Para entenderlo basta con presenciar el espectáculo deprimente del llamado sector turístico. Y como no existe quien responda por nada, tampoco se encuentra quien imponga un poco de orden o se ocupe de controlar el tremendo “despelote”. Los pocos policías que prestan servicio de “guardianes de la bahía” –aunque sus superiores digan lo contrario– se muestran, en inquietante proporción, ajenos a cuanto ocurre a su alrededor. Los verdaderos dueños de las playas, que las han privatizado por completo para su uso y usufructo, son los “carperos” que las manejan a su antojo, con aberrante arbitrariedad, a todo lo largo de la extensa faja que va desde el Hotel Caribe hasta Crespo. Únicamente ha sido posible controlar, en la zona norte de la ciudad, el sector del Hotel Las Américas, ejemplo digno de imitarse. A la grosera y costosa dictadura de los manejadores de las carpas se suma el atropello permanente de los vendedores ambulantes, de las masajistas y peinadoras insufribles que enloquecen a los bañistas, de los mendigos sin cuenta y de los rebuscares profesionales. En fin un cuadro demencial fugado de una pesadilla. Es inaplazable ponerle punto final al desbarajuste del sector turístico. Hay que organizarlo, con rescate de la autoridad y ánimo resuelto. Para eso, tal como lo he propuesto en sucesivas ocasiones, se necesita que las playas de Cartagena tengan un orden propio... y que los hoteles aledaños obtengan el manejo de las áreas frente a ellos. Y hay que entender que la concesión sugerida se haría con la fijación de compromisos claros y específicos. Es el sistema de organización y mantenimiento que se utiliza, con gran éxito en Punta Cana (República Dominicana), en Pinamar y Mar del Plata (Argentina), en Uruguay y en Cabo Buzios (Brasil). Se trata de un método de control con reglas taxativamente establecidas por normas legales vigentes y la decisión presidencial, que autorizan la cesión y contratación con particulares, con fines de desarrollo. En efecto, el Decreto 2324 del 18 de Septiembre de 1984, en su título IX (Art. 169) establece que “La dirección general marítima y portuaria podrá otorgar concesiones para uso y goce de las playas marítimas”. Entonces sí es posible, además de urgentemente necesario para Cartagena. Y a título gratuito, como lo declaró expresamente la “Dimar” que, en constancia entregada años atrás, hizo saber que “Los compromisos adquiridos por la concesión son los estipulados en las mismas resoluciones, dentro de los cuales no está comprendido el pago de impuestos”. Más claro no canta un gallo. Aquí está la fórmula redentora para salvaguardar las playas de Bocagrande, en primer término. Lo demás es voluntad política que ya apareció. Y al más alto nivel. *Ex congresista, ex embajador, miembro de las Academias de Historia de Cartagena, y Bogotá, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. academiadlhcartagena@hotmail.com
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