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Las regalías

Con un titular escalofriante, “El pueblo más robado de Colombia”, definió El Espectador, en su edición dominical, el drama de corrupción y violencia de La Jagua de Ibirico, poblado en el departamento del Cesar.

Pese a recibir $85 mil millones en el 2009 por concepto de regalías –es el segundo municipio productor de carbón en Colombia- no posee acueducto ni alcantarillado ni goza de cobertura plena en educación y salud, y tiene por lo menos cinco ex alcaldes con problemas judiciales, según nos cuenta la periodista.
¿Es esta una excepción en la turbia historia de los dineros producto de regalías? Por supuesto que no. Casi ninguno de los municipios que han recibido miles y miles de millones de pesos tiene siquiera hoy cubiertas sus necesidades básicas. Siguen muchos de ellos siendo pueblos miserables, en los que, además de no ser una herramienta para el progreso, esas toneladas de billetes colombianos han servido para enterrarlos en medio del fuego cruzado de la más cruda corrupción, los asesinatos y las inversiones estrafalarias.
Las regalías representan quizás el ejemplo más extremo de la captura del Estado por los mafiosos –mafia política de cuello blanco y militar de soldadesca brava y criminal. Y la costa Caribe, no el único, pero si uno de los escenarios más comunes en los que tuvo lugar esta historia reciente.
Hace hoy exactamente un mes, El Tiempo anunciaba la reforma que el Gobierno pondrá en consideración de los parlamentarios en materia de regalías. Y lo hacía poniendo de presente los pésimos manejos de esos dineros: 24.876 irregularidades en ocho años. Cantidad fantástica, ¿verdad?
Según el ministro de Minas y Energía en el 2008 las regalías fueron de 6,8 billones de pesos; en 2009 sumaron 5,3 billones y este año la proyección es de 6,8 billones de pesos. 20 billones de pesos que, de acuerdo con los estudios de la Unidad Investigativa de dicho periódico, “habrían podido pagar el 30 por ciento de la deuda externa de la nación o construir parte de los megaproyectos viales que les han entregado a privados por falta de recursos.”
Cifras todas enormes que obligan a preguntas previsibles: ¿Cómo ha podido pasar esto, año tras año, y seguir pasando, sin que provoque un repudio general de los ciudadanos contra la clase política mafiosa que ha participado activamente en el robo de estos dineros? ¿Por qué ante la magnitud del daño contra la nación la justicia no ha intervenido de una manera más radical y contundente?
Pero, sobre todo, me interesa una pregunta: ¿Por qué en la costa Caribe colombiana, región en la que se ha ambientado un muy positivo debate sobre su aguda y generalizada miseria, sobre la necesidad de un fondo de compensación regional y sobre su carácter de región, por qué, me pregunto, no ponemos igualmente en el centro de los foros y simposios el debate sobre los terribles males de la corrupción y de las mafias políticas?
Yo estoy convencido, y así lo he escrito desde hace más de cinco años en esta columna, de que si no creamos un generalizado y profundo rechazo de todas las clases sociales hacía el manejo mafioso de los dineros públicos, y en particular hacía la clase política que lo hace posible, nada, absolutamente nada, podrá sacarnos de la miseria y de la inequidad.

*Historiador. Profesor de la Universidad de Cartagena.

alfonsomunera55@hotmail.com

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