En uno de los colegios de secundaria de Cartagena el profesor de sociales le preguntó a un alumno precoz: ¿Has visto por televisión al embajador de los Estados Unidos? Sí, respondió el alumno. ¿Cómo lo definirías? Es más humorista que diplomático, contestó de nuevo. Esa visión de un estudiante de décimo grado es la misma de muchos colombianos más maduros. Hay algunos que la condimentan porque no lo definen como un humorista creador, sino como un simple cómico. Y la verdad es que tiene más de Cantinflas que de Chaplin. Sin embargo, el jueves, en Paipa, el señor Brownfield habló como virrey en presencia de los magistrados y jueces que asistieron al XII encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, y dijo que “hay elementos, evidencias y vínculos con el tráfico de drogas a Estados Unidos” dentro del proceso contra el almirante Arango Bacci. Más adelante agregó: “La Armada tomó la decisión correcta de pasar la información a la Fiscalía y los servicios investigativos de Colombia”. Que se sepa, míster Brownfield no es sujeto procesal en el caso Arango, ni antes le contó al país que allá, en las cortes norteamericanas, se estuviera adelantando averiguación ninguna con base en las evidencias y vínculos de que habló. ¿Tuvo el privilegio de revisar los folios que contienen la denuncia, los testimonios, la documentación y los dictámenes periciales de ese fogón en llamas que tiene en vilo a la opinión nacional? ¿Estuvo en la Corte Suprema mirando el controvertido mamotreto? ¿Se lo remitió la Corte a su sede diplomática? Simples licencias del virrey. Arango, desde el principio, se ha quejado de un complot contra él, sin mencionar nombres, y el almirante Barrera replicó extrañado de que la Fiscalía y la Procuraduría hubieran desestimado un material probatorio que permitió “un giro de 180 grados que merece explicación”. Escaramuzas frecuentes en un pleito tan delicado y complejo que arrancó con la terminación abrupta de una carrera militar y puede terminar con otras en caso de que la Corte se acoja a los pedidos de absolución. Incluso, con una precandidatura presidencial, la de Juan Manuel Santos. El contrapunto Arango-Armada está en manos de los jueces de más alta jerarquía. Ellos dirán la última palabra. Pero ese golpe de poscombate, que no fue de ninguno de los púgiles, ni de éstos contra los árbitros, sino del virrey, es una intromisión que traslada el colonialismo imperial de los proscenios de la política internacional a los tribunales de justicia de un país soberano. Por fortuna, la Corte Suprema ha demostrado independencia y rigor en el ejercicio de su misión, y la sentencia que profiera su Sala de Casación Penal, para absolver o condenar, según el caso, conservará esa línea. Hay un expediente con todos sus aperos en manos de nueve magistrados. Ellos valorarán las pruebas de lado y lado, y analizarán las peticiones de la parte civil, la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa, con el criterio que orienta la libertad de los jueces penales para manejar la construcción aplicativa en sus fallos, apoyándose en los principios generales del derecho, la doctrina, su propia jurisprudencia y la ley. Sólo entonces sabremos si la Armada tuvo la razón o si el almirante Gabriel Arango Bacci es el Alfred Dreyfus de la seguridad democrática. *Columnista y profesor universitario carvibus@yahoo.es
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