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Los bancos y el Valle del Cauca

La crisis financiera mundial volvió a demostrar que cuando los deudores se quiebran y no pueden pagar sus deudas, no sólo es por su culpa, sino por la de los bancos que prestaron con irresponsabilidad, sin una fuente de pago suficiente.

Cuando el deudor es una entidad estatal, los bancos creen que el Estado no se quiebra y siempre paga, pero demasiados casos prueban lo contrario, con pérdidas millonarias a la banca.
Esto lo deben tener presentes los bancos que financiarán los 650.000 millones de pesos de las Vigencias Futuras en el Valle del Cauca. A pesar de todas las objeciones, las está ejecutando el restituido gobernador Abadía.
Los bancos no le prestan esa plata directamente al Departamento porque no tiene tal capacidad de endeudamiento. Pero el gobernador inventó un esquema en el que los contratistas de las obras las financian y el Departamento las paga con los intereses, mediante con Vigencias Futuras de los próximos diez años. Los contratistas tienen que conseguir préstamos bancarios o de otras fuentes para lograr el cierre financiero.
La mayoría de los bancos se negaron a prestarles a los contratistas con el aval del Departamento, y sólo lo harían si el contratista tiene suficiente respaldo propio para este monto y plazo. Es la prudencia mínima de un banco, pero deberían tener en cuenta otras cosas antes de otorgar crédito para estos proyectos.
El Ministerio de Hacienda se opuso al esquema, pues “la figura utilizada por la administración departamental constituye una operación de crédito público” sin los procedimientos para la contratación de un crédito. Es un concepto irrefutable, porque el Departamento contrata obras para pagarlas a plazos y con intereses, y solo busca un esguince a las normas que le impiden obtener créditos.
La Contraloría Departamental señaló que las proyecciones de capacidad de pago del Departamento con las Vigencias Futuras incluyen ingresos sobrevalorados y no están actualizadas con los ajustes presupuestales de los últimos años, lo que “conlleva a indicadores financieros no acordes con la realidad y muestra un comportamiento financiero sobredimensionado del Departamento”. Así, es muy probable que los contratistas no reciban los pagos en los plazos prometidos, debilitando su propia liquidez.
Más grave aún es el concepto legal de la misma Contraloría, según el cual “las facultades concedidas al Gobierno Departamental para asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales no tienen disposición legal que las ampare”, y el valor de los contratos de concesión “no reflejan la confrontación objetiva y necesaria de factores tales como la consulta de precios o condiciones del mercado,”
La Contraloría le formuló al gobernador un control severo de advertencia sobre “las consecuencias de una posible declaratoria de nulidad de los actos administrativos (Ordenanzas de facultades y autorizaciones) al comprometer indebidamente importantes recursos para la inversión social que pueden acarrear, de paso, la nulidad absoluta de los contratos celebrados”.
Este riesgo es tan importante que cualquier entidad financiera lo tomaría en cuenta antes de financiar estos proyectos, así sea como créditos a contratistas solventes. Si lo hacen y después no les pagan, que se quejen al mono de la pila y no esperen que los vallecaucanos les paguen por su irresponsabilidad.

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