Mal redactados, escritos por literatos para profanos, o como hayan sido producidos, en esencia los decretos que expidió el Gobierno para conjurar la crisis, provocaron las ampollas que comprueban que el remedio dio con el mal que perturba y pone en riesgo grave el sistema de salud que vela y provee de ese insumo vital a los colombianos. O, por lo menos, lo identificó para prescribirle el tratamiento adecuado. Decir los colombianos es eso, un decir, por cuanto es del sector más vulnerable en términos económicos y sociales, los pobres y trabajadores, de quienes se encarga el sistema y del cual deriva en buena proporción los recursos para su desarrollo, atención y permanencia normales. Y a decir verdad, nunca como bajo este modelo unos y otros han obtenido mayor cobertura, calidad y gratuidad en los procedimientos, tratamientos y medicamentos que les son prescritos a través del régimen subsidiado, que es el principio rector creado para servir ese objetivo mediante el POS. Y es que la atención del sistema, por demás descontrolada y objeto de abusos por todos los que intervienen en la cadena productiva del insumo salud, tiene un costo en términos económicos, mayormente, que es el que se identifica como el causante del colapso y, consecuentemente, el origen de los decretos que hoy se debaten en los diversos ámbitos que afecta. En términos coloquiales, como le gusta al presidente Uribe, y no en el galimatías con los que fueron redactados, el problema del sistema es de plata. Ni menos ni más: plata para que funcione, plata para que ganen los intermediarios, plata para que ganen los médicos, plata para las farmacéuticas, plata para los paramilitares que se apropiaron de la salud en Sucre, plata para las mafias de la salud y plata para los corruptos que manejan el sistema. Por algo es que los recursos que maneja el sistema de salud en Colombia, 22 billones de pesos, una cuantía abismal, no alcanzan: porque deben dar para todo y para todos. Y menos, mucho menos, para cumplir con su misión natural. Y mantenerlo, con la carga onerosa de intermediación, corrupción y abuso que pesa sobre él, cuesta y demanda en forma inmediata de los recursos que lo hagan sostenible y posibiliten su extensión y cobertura. Que no pueden ser distintos de los que generen los nuevos impuestos a la cerveza, licores, cigarrillos y juegos de azar, única alternativa que tiene y le queda a Gobierno para procurar de manera oportuna y segura las cuantías requeridas para evitar el colapso del sistema. Además de los ahorros derivados del control riguroso al uso indiscriminado y abusivo del sistema para proveer tratamientos estéticos y cosméticos de mayor cuantía a usuarios muy diferentes de los pobres y empleados que lo sostienen y usan exclusivamente en función de sus necesidades básicas de salud. Entre tanto, y mientras pasa la avalancha, lo que sí debe preservarse es la autonomía de los médicos en cuanto a la prescripción de medicamentos, ayudas diagnósticas, tratamientos y procedimientos involucrados en el POS. *Poeta elversionista@yahoo.es
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