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Motivos de una decisión

El viernes pasado la ley de referendo fue declarada inconstitucional. En los días anteriores al fallo crecían los rumores de que ese sería el sentido de la decisión, porque la ponencia negativa presentada por el magistrado cartagenero Humberto Sierra parecía ganar adeptos en la Corporación.

Se creía que la decisión sería cerrada y pareja, debido a las diferencias y tensiones que generaba esa ley, tendiente a facilitar la segunda reelección del Presidente Uribe, como aconteció antes con temas polémicos como el aborto, la eutanasia y la dosis personal.
Por eso, era difícil predecir la votación alta por la inconstitucionalidad, que alcanzó 7 votos, y de la cual sólo se apartaron 2 magistrados. La respuesta a la pregunta del por qué, siendo el referendo reeleccionista controversial para la ciudadanía, su discusión y decisión no produjo mayor disenso en la Corte, es la siguiente:
El tribunal encontró en el trámite de la ley de referendo vicios de procedimiento más graves que los que le han servido de fundamento para declarar inconstitucionales otras leyes. Y el que fueran tan protuberantes hacía muy difícil que se considerarán como simples irregularidades formales y no como violaciones sustanciales de los procedimientos y reglas que rigen la vida democrática.
En un órgano en el que las posiciones deben respaldarse con argumentos y razones, y en el que sólo se vota una vez se ha alcanzado suficiente ilustración, sus miembros tienen pocos incentivos para defender premisas débiles con probabilidades altas de ser derrotadas. Cuando en un cuerpo colegiado las votaciones finales son producto de un proceso dialéctico y no dogmático, sus miembros suelen alinearse con las posiciones que mostraron ser más plausibles durante el debate, y con los argumentos que a su juicio revisten mayor validez. Y es claro que la tesis de que los vicios encontrados atentaban contra las garantías democráticas -lo que los hacía insubsanables- fue la mayoritaria durante las deliberaciones.
Además, la Corte reiteró lo expresado en el año 2005: que una segunda reelección afectaría el principio de separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alternación y períodos preestablecidos y el derecho a la igualdad, lo que implicaría sustituir la Constitución y no simplemente reformarla.
Para la Corte, su jurisprudencia sólo puede variarse cuando ella no responda adecuadamente a los cambios sociales posteriores; cuando sea contraria a los valores, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico, con el objetivo de no prolongar injusticias del pasado; o en el evento de que varíen las normas jurídicas que le daban respaldo. No existiendo ninguna de esas circunstancias, un cambio hubiera implicado desconocer sus propias decisiones de forma injustificada, lo que explica la mayoría amplia que optó por reiterar el precedente.
La ley de referendo reeleccionista, aun cuando mantenía la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación por sus implicaciones políticas, no tenía la potencialidad de generar mayores disensos en la Corte. Los vicios insubsanables y el precedente en la materia marcaron una tendencia mayoritaria para hundir la iniciativa, con enseñanzas para quienes buscaban sustituir la Constitución de 1991.

*Abogado y periodista

tiradojorge@hotmail.com

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